Enrique Barrera Beitia
El pasado 23 de julio, la ministra Diana Morant provocó una polémica al comparar el pacto del PP y Vox en la Comunidad Valenciana con los gobiernos criminales de Hitler. Se refería, concretamente, al acuerdo alcanzado en la región levantina, donde por primera vez se concreta la denominada “prioridad nacional” para regular el acceso a los servicios públicos y la creación de una Oficina de Arraigo y Retorno para clasificar a los residentes. ¿Fue un exceso verbal o existe una relación real?
Me considero suficientemente conocedor de la historia del Tercer Reich como para opinar sobre esta controversia. Si lo que se pretende es comparar estos acuerdos con lo que ocurría en la fase de madurez y ocaso del régimen nazi (de 1939 a 1945), la analogía es desafortunada, porque el pacto entre PP y Vox no contempla crear campos de concentración ni de exterminio. Sin embargo, si establecemos la comparación con la etapa de consolidación (1933-1939), sí que existen similitudes, aunque nos parezca increíble. De no haberlas, no escribiría este artículo.
Prioridad nacional o prioridad racial. La Oficina de Arraigo y Retorno o la Oficina del Reich para la Genealogía e Identificación de Parentesco
El régimen nazi estableció criterios raciales para retirar la ciudadanía alemana a los judíos. En el Tercer Reich vivían unos 80 millones de personas, y la Oficina del Reich para la Genealogía e Identificación de Parentesco se encargó de catalogarlos estableciendo los porcentajes raciales. El resultado fue que 75 millones obtuvieron el certificado ario y fueron clasificados como ciudadanos con plenos derechos. Los otros cinco millones entraron en la categoría de súbditos, con la pérdida de derechos políticos y restricciones severas en el acceso a los servicios públicos. Se trataba de minorías étnicas como sorabos, checos, polacos, lituanos, gitanos y judíos. Los peor tratados fueron estos últimos, de manera que 500.000 de los 700.000 fueron forzados a emigrar (la decisión de exterminarlos fue posterior). En el caso de los trabajadores extranjeros (Ausländer) dependía de su origen: eran aceptables los procedentes de naciones amigas o étnicamente arios, mientras que el resto estaba esclavizado.
Es evidente que el concepto de “prioridad nacional” tiene puntos de contacto con la política de “prioridad racial” nazi (Rassenpriorität) que hemos descrito y que precedió a la Solución Final (Endlösung). En el caso español, la Oficinas de Arraigo y Retorno de la Comunidad Valenciana ha sido ideada para catalogar a los residentes según criterios raciales y religiosos, y degradar las condiciones de vida de los inmigrantes, “desincentivando” su permanencia en España. Llegado el caso, se buscará abolir el ius soli y retirar la ciudadanía con efecto retroactivo. Naturalmente, esto es ilegal e inconstitucional a fecha de hoy, pero…
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