La Guardia Civil-( Enrique Barrera Beitia )

Enrique Barrera Beitia
Voy a opinar sobre la Guardia Civil desde el recuerdo de haber militado en la clandestinidad desde 1973 hasta la llegada de la Democracia. En aquellos años existían serias dudas sobre la capacidad del ejército y de las fuerzas policiales para adaptarse a un régimen de libertades, al tratarse de organizaciones sometidas a un intensísimo adoctrinamiento político. Sin embargo, conforme fue consolidándose la Democracia, se pudo comprobar que “el reciclaje” era exitoso.

Recuerdo que hace muchos años, un capitán de la Policía Nacional me dio la clave:- «Mira, lo que a nosotros y a la Guardia Civil nos gusta es perseguir los robos, descubrir las autorías de los asesinatos y en general luchar contra cualquier forma de delincuencia, porque eso es algo que te lo agradecen todos, los de derechas y los de izquierdas, y a todos nos gusta que nos alaguen, que nos vean útiles».

Así que las FFAA, la Guardia Civil y la Policía Nacional, terminaron por recibir altas valoraciones de la ciudadanía en todo tipo de encuestas. Este cambio no radicaba sólo en que su buen hacer, sino también en una imagen de instituciones neutrales ante las confrontaciones partidistas. Sin embargo, coincidiendo con la polarización política de los últimos tiempos, algo parece que se está moviendo en la Benemérita.

En el juzgado de instrucción número 5 dirigido por el juez Santiago Pedraz, un capitán de este cuerpo ha
presentado una demanda (atestado n.o190) contras varios agentes del mismo cuerpo que supuestamente, y al margen de sus superiores, habrían ejecutado labores de contra-vigilancia, manipulado informes y proporcionado información interna a la oposición política para alimentar la guerra jurídica contra el gobierno. Las filtraciones del caso apuntan como coordinador de esta UCO paralela (me resisto a llamarla patriótica) a Juan Vicente Bonilla, que desde 2023 trabaja para la autonomía madrileña con un salario anual de 84.268 euros, y que no ha ocultado en conversaciones su odio a Pedro Sánchez y su deseo de acabar con él como sea.

Estaríamos hablando por lo tanto de células que actúan clandestinamente, en la errónea creencia de estar “sirviendo a los intereses de España”. Hace poco se filtró un audio del empresario Aldama exculpando a la mujer del presidente de cualquier actividad fraudulenta relacionada con el rescate de Air Europa; la UCO no entregó ficha grabación, pero si otras que apuntaban vagamente en sentido contrario, y cuando escribo estas líneas, se ha conocido el rapapolvos de la jueza que instruye la DANA en Valencia, a un informe de esta misma unidad contra AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, alineado sospechosamente con el relato del Partido Popular.

Sabemos que se trata de una institución muy endogámica, y que en las elecciones de 2021 para el Consejo de la Guardia Civil, la asociación JUCIL (muy en la órbita de Vox) obtuvo el 45% de los votos, mientras que la Asociación Unificada de Guardias Civiles, más neutral ideológicamente, obtuvo el 31% mientras que el resto de votos se repartió entre otras siete asociaciones.

La crisis surge cuando Pedro Sánchez integra a los sucesores de Herri Batasuna en el engranaje parlamentario y rompe la hegemonía independentista en Cataluña con la Ley de Amnistía. Son dos iniciativas exitosas y de alto riesgo, pero una parte de la sociedad las valora como dolorosas claudicaciones, y ello tiene que tener necesariamente un reflejo dentro de la plantilla de la Guardia Civil, que siendo plural en lo ideológico, tiene un
deslizamiento a la derecha mucho mayor que la media española.

Si la Guardia Civil quiere seguir contando con el apoyo del conjunto de la población, debe corregir ella misma estas desviaciones a través de asuntos internos (o como se denomine), y no esperar que el gobierno destituya a los responsables.