El presidente aforado–(Juan Cardona Comellas)

Juan Cardona Comellas
Parece claro que el presidente del gobierno con la sinrazón de no convocar elecciones y ser capaz de gobernar sin presupuestos es interpretada en muchos medios como una forma simplemente de aferrarse al poder; sin embargo, hay una razón más poderosa que esa: La inmunidad que le da su mayoría parlamentaria ante un eventual suplicatorio presentado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Los suplicatorios deben resolverse en un plazo inferior a 60 días naturales dentro del periodo ordinario de sesiones. En ese periodo de tiempo el suplicatorio pasa por la presidenta del Congreso, por la Mesa y por la Comisión del Estatuto del Diputado, con audiencia con el interesado para que presente las alegaciones que considere oportunas para finalizar en el Pleno Ordinario.

Ante la resolución final de un suplicatorio se pueden presentar tres alternativas: Qué se acepte (el del señor Ábalos fue aprobado, con el voto favorable de 345 diputados, incluyendo por tanto a todos sus antiguos compañeros). La segunda opción sería la negativa, lo que supondría que el caso quedaría archivado de manera definitiva, y la tercera, la callada por respuesta, igual que la anterior. En estos dos últimos supuestos el presidente quedaría totalmente blindado judicialmente de los casos de los que se le acusen; y, además, por el principio jurídico «non bis in ídem» impediría reabrir el caso por los mismos hechos incluso si el presidente perdiese su aforamiento.

Los plazos, como se ve, tienen una importancia vital; ya que, si el presidente dimite y abandona el escaño antes de la resolución del suplicatorio, en ese mismo momento dejaría de estar aforado y tendría que hacer frente a las posibles imputaciones. El mismo caso se produce si las Cortes se disolvieran antes de que el Pleno se pronunciase sobre el suplicatorio.

Es sabido la habilidad de Sánchez para jugar con los plazos y moverse en aguas procelosas. Cabe la posibilidad a que moviendo los hilos adecuadamente ante un hipotético suplicatorio se defendiese contando con el apoyo de sus socios de investidura (excluyendo a Ábalos) y el Congreso votase de forma negativa: por lo cual quedaría libre, dentro del ámbito de los mismos delitos. Esta posibilidad estaría demasiado condicionada por los votos del partido del prófugo Puigdemont que podría inclinar el fiel de la balanza en un sentido u otro: El chantaje está servido. En esta situación el PNV podría susurrar: «Presi, que hay de lo mío».

Ante el peligro de estas opciones lo más racional sería estirar la legislatura hasta el final bajo el escudo protector de la Fiscalía y esperar que en estos dos años se diluyan los casos que se siguen contra su esposa Begoña y el de su hermano «el portugués»; y esperar que las causas que se siguen contra su mano derecha, su gran desconocido desde el punto de vista personal, Ábalos, o el de Koldo con el que mantuvo solamente una «relación anecdótica» lleguen a su fin y con el resultado que sea queden como cosas juzgadas ya lejanas en el nuevo periodo electoral y hacerle creer a sus votante que fue él mismo quien ordenó la expulsión del partido nada más saber las andanzas de la pareja o el trío y a los aforados y forrados les dejó a los pies de los caballos del Tribunal Supremo: Un nuevo paladín de la justicia se vislumbra: «cosas veredes»… «Sostenella y no enmendalla» nos espera hasta 2027; que Dios nos coja confesados…