Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
Alberto Núñez Feijóo creyó que se daban las condiciones para que el PNV abandonara el apoyo a Pedro Sánchez, y para ello apostó por judicializar la política y lanzar cuatro torpedos, de los que tres no estallarán. Veamos el resumen del paisaje actual en los tribunales.
Caso Begoña Gómez. El juez Peinado lleva ocho meses de instrucción sin encontrar elementos de carga penal para abrir juicio oral. Desestimadas las acusaciones iniciales, se centra ahora en conocer detalles de una cátedra impartida por la mujer del presidente y en indagar sobre la propiedad intelectual de un software. Ha llegado a un callejón sin salida, pero quiere alargar la instrucción.
Caso David Sánchez. Una jueza de Badajoz investiga el origen de su patrimonio, que algunos medios estimaban en torno a dos millones de euros. Tras acreditarse que tiene 71.000 €, investiga las características de su empleo, y aunque no ha encontrado indicios de delito parece decidida a alargar la instrucción hasta donde sea posible. Un caso similar al anterior.
Caso Fiscal General. En el momento en que el instructor solicite juicio oral por revelación de un secreto que perjudica a González Amador, novio de la presidenta autonómica de Madrid, Álvaro García Ortiz presentará un recurso de nulidad por indefensión ante el Tribunal Constitucional que en mi opinión ganará, por no incorporarse al sumario los testimonios de periodistas que acreditaban el conocimiento previo de “este secreto” por cerca de veinte personas. Por esta razón, el juez Hurtado ha decidido alargar seis meses la instrucción,
Caso Ábalos-Koldo. Esta instrucción terminará en juicio porque hay indicios sólidos de delito, pero el intento de ampliar la causa a políticos socialistas ha fracasado por falta de elementos probatorios, o por la constatación de que se trataba de montajes falsos.
Así las cosas, uno de los cuatro barcos del convoy se hundirá, pero ahora llega el contraataque con cuatro cargas de profundidad de notable calado.
Caso Carlos Mazón. Este caso pinta horriblemente mal para el PP. Se decidió dar una batalla para culpar a Pedro Sánchez por las consecuencias de la DANA, pero hubiera sido mejor mantener un perfil bajo y centrarse en la reconstrucción, porque las noticias que sobre la instrucción conocemos a diario son demoledoras para el PP.
Caso Gurtel. Se ha activado una pieza separada, y un constructor y ex-presidente del Real Madrid (Fernando Martín) ha pedido un pacto para evitar la cárcel, ofreciendo detalles de un soborno de 25 millones de € al PP a cambio de obtener licencias de construcción.
Caso Gonzalo Amador. A la acusación inicial de fraude a la Hacienda Pública por valor de 350.000 euros, se añade un presunto caso de corrupción relacionado con Clínica Quirón, con la que la comunidad madrileña tiene firmados importantes contratos. El caso afecta al PP porque la presidenta autonómica y su jefe de gabinete hablaron de una persecución del gobierno contra un “empresario ejemplar”.
El caso de los 7.291. Son los ancianos que carecían de seguro médico privado y que murieron en residencias madrileñas sin recibir atención. Los jueces descartaron juzgar a la presidenta madrileña, pero parece que han aceptado en el último suspiro tramitar una querella colectiva contra cuatro altos cargos de la Comunidad de Madrid y veinticinco médicos, por el delito de discriminación en el acceso a un servicio público.
