El hermano del presidente y el parque de bomberos–(Enrique Barrera Beitia)

Enrique Barrera Beitia
Como ustedes saben, un tribunal ha condenado a cargos públicos y técnicos de la Diputación Provincial de Badajoz por un delito de prevaricación en la provisión y adjudicación de un puesto de trabajo, y al hermano del presidente del Gobierno por haberlo aceptado. La sentencia es inédita tanto por la argumentación como por ser la primera vez en la historia de la jurisprudencia española en que se traslada un caso de esta naturaleza desde la vía civil a la penal.

Este asunto me ha hecho recordar lo que me ocurrió siendo concejal en Ferrol, cuando en los años noventa se trasladó a su actual ubicación, en el polígono de A Gándara, el parque de bomberos que se ubicaba en unos garajes del muelle de Curuxeiras, un espacio claramente insuficiente y de mala salida para atender las llamadas urgentes. Para ello, se hizo una permuta, entregando a un constructor una parcela municipal en la plaza de San Amaro. Un grupo municipal, cuyo nombre no diré, denunció en el juzgado a los que votamos a favor, argumentando que había un trato de favor con el empresario y, consecuentemente, fui citado a declarar.

Indiqué las razones de mi decisión y, cuando el juez me preguntó si había observado algo extraño en el proceso administrativo, le dije, más o menos, lo siguiente: “Yo soy profesor de instituto, no abogado ni economista, pero el Concello cuenta con dos funcionarios de la Administración General del Estado, el secretario y el interventor, que son los encargados de advertirnos si hay alguna irregularidad o ilegalidad en lo que se va a votar. En este caso, ambos habían dado el visto bueno, por lo que entiendo que todo era legal”.
No fue necesario más, y el caso quedó archivado.

Pues bien, a la luz de lo descrito, hay en la sentencia de Badajoz algo inquietante y que, en general, ha pasado inadvertido. La Diputación cuenta con un secretario general que avaló todo el proceso, tanto la necesidad del empleo como la limpieza de la adjudicación. Citado a declarar, se reiteró en que todo se había ajustado a la legalidad. Como no ha sido ni imputado, ni encausado, ni juzgado, uno se pregunta cómo es posible condenar por prevaricación a las personas que han participado en un procedimiento administrativo que los servicios jurídicos de la entidad validaron. Y para mayor escarnio, la propia sentencia afirma que no ha sido posible identificar de dónde vinieron las presiones para que se creara ese puesto de trabajo