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La situación habitacional de Leonardo Fernández, vecino de Ferrol de 60 años, con un 65% de discapacidad es actualmente insostenible. No puede continuar en su actual vivienda en la calle del Sol, debido a que los herederos de la anterior propietaria han decidido finalizar el alquiler de 240,63 euros que estaba pagando y la fecha para dejar la propiedad expiró el sábado 31 de enero, a la espera de recibir una respuesta a la prórroga de seis meses solicitada por la Plataforma Galega Vivenda Xa! “debido á falta de respostas das administracións públicas”, denunciaba este lunes su representante Inácio Martínez, que también forma parte de Stop Desahucios.
Actualmente Leonardo Fernández, debido a su situación, está cobrando una pensión contributiva de 600 euros y cuenta con la ayuda de la Plataforma para buscar una solución de un problema que el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia tienen conocimiento desde el pasado 2 de julio. En estos siete meses, tras continuas peticiones a ambas administraciones solicitando una vivienda “neste caso grave de emerxencia residencial”, el Concello de Ferrol tan solo se ha limitado a una futura llamada de la responsable de Bienestar Social “a cal non se produciu en ningún momento”, afirmaba el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, en un caso de “falta de sensibilidade” por parte del gobierno local, solicitando una solución inmediata, como puede ser una de las viviendas públicas en el barrio de Recimil, una medida que apoya la asociación vecinal del barrio, también presente en la comparecencia de este lunes.
La legislación está de parte de Leonardo Fernández
Inácio Martínez se basaba en la legislación actual en materia de vivienda para solicitar urgentemente una vivienda para Leonardo Fernández en el barrio de Recimil “onde o artigo 7 coincide con esta situación” como es el de las personas que van a perder su vivienda.
Debido a la urgencia de la situación la Plataforma Galega Vivenda Xa! realizó una búsqueda de una vivienda adaptada a sus necesidades en las inmobiliarias de la ciudad, encontrando dos casos llamativos. El de una vivienda situada en la calle María, a la altura de la Plaza de Amboage, con un alquiler de 400 euros al mes “que non admite a persoas cobrando o Risga ou subsidios sociais, unha nómina mínima de 1.300 euros e un seguro por falta de impago”, o el de otro piso situado en la Plaza de España, de 40 metros cuadrados y un alquiler de 450 euros al mes “que se está alugando a estudiantes cando está catalogado como vivienda de alquiler de longa duración.”
La situación de Leonardo Fernández le impide estar en un piso que carezca de un ascensor “e estos pisos teñen un aluguer por enriba dos 600 euros”, dando como dato que el 93% de las viviendas de Ferrol superan este precio e incluso el 66% superan los 700 euros al mes.
La actual ley gallega permite la adjudicación directa de una vivienda a situaciones como las de Leonardo Fernández “basándonos no artigo 74”, solicitándole una de las viviendas públicas de la Xunta de Galicia al Instituto Galego de Vivenda e Solo. La respuesta que han recibido en estos siete meses por parte de la administración autonómica “é que a están estudiando.”
Para hacer una mayor presión a la Xunta de Galicia y al Concello de Ferrol, el diputado autonómico Mon Fernández daba a conocer que el BNG ha presentado este tema para su debate en el Parlamento de Galicia, ya que ambas administraciones tienen viviendas públicas en la ciudad.
También criticaba la labor del gobierno central, con un parque público de viviendas del Ministerio de Defensa en Ferrol que se están poniendo a la venta directa y no se están destinando para casos de situaciones de emergencia social.
