Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
Enrique Barrera Beitia
A fuerza de insistir, la inmigración se ha convertido para muchos españoles en el gran problema que amenaza nuestro futuro, y si el PP pide implementar una tarjeta por puntos para expulsar a los que no se porten bien, Vox aboga directamente por la expulsión masiva de los ilegales y menores no acompañados, despectivamente apodados “menas”.
Según el Instituto Nacional de Estadística tenemos en España 7 millones de inmigrantes que son el 14% de la población, de los que unos 700.000 son ilegales, y según la Fiscalía General del Estado se contabilizan 16.041 menores no acompañados (13.438 niños y 2.603 niñas). Todos estos datos son de finales de 2024.
El gobierno central ofrece a cada autonomía 100 euros diarios por cada menor acogido, una cifra que incluye alojamiento, manutención, vestimenta, material de enseñanza y una pequeña asignación para sus gastos que va de los 10 a los 15 euros semanales. Por supuesto, en la cifra se incluyen los salarios del personal que los atiende y orienta, alcanzando el coste del programa casi 600 millones anuales, el 0.15% del presupuesto estatal. Hay otro apartado que incluye a los jóvenes ex-tutelados menores de 23 años, con residencia en vigor, y en estos casos la cantidad se reduce a 1.200 euros mensuales para ocupar plaza en una vivienda, incluyendo el sueldo de los educadores sociales que gestionan el piso y los suministros.
¿Es un chiringuito o una inversión?
La respuesta depende de los resultados que se obtengan, y la clave está en que el 71% de los ex-tutelados ya cotizan en su primer año de adultos, y que este porcentaje viene creciendo año a año, por lo que a mi entender, y al margen de la solidaridad de clase o de la caridad cristiana, hay un retorno que justifica esta política social desde el frío plano del utilitarismo económico.
Respecto a los ilegales, sobreviven trabajando en la economía sumergida en empleos de baja cualificación, y los grupos parlamentarios llevan meses debatiendo su regularización. Si esta medida sale adelante, estarán menos explotados y soltará lastre para la subida de salarios del resto de trabajadores, aumentando al mismo tiempo la recaudación del Estado. Tenemos que aclarar que ser ilegal no equivale a ser delincuente, y que regularizar no es lo mismo que nacionalizar, por lo que no tendrían derecho devoto.
A la vista de estas cifras… ¿Son un problema, o nos estamos inventando un problema?
