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José Manuel Otero Lastres
Alguien que no sea muy entendido en política sabe que en España tenemos el Estado dividido en tres administraciones. La primera es la Administración General del Estado que se ocupa de administrar el interés general de todos los ciudadanos. La segunda son las Comunidades Autónomas que atienden lo que necesitan los ciudadanos en el ámbito de su concreta comunidad. Finalmente, existe la Administración Local que atiende lo que necesitan los ciudadanos a nivel de los ayuntamientos y diputaciones provinciales.
El esquema parecía claro porque desde el año 1978 hasta esta nueva estructura territorial todo lo referido al Estado se gobernaba con lo previsto en la Constitución para el Estado central, lo Autonómico respecto de las 17 administraciones autonómicas en las que se dividían las Comunidades Autónomas y la local para los entes territoriales menores.
Pero así como la estructura de las tres administraciones estaban perfectamente definidas, los partidos políticos se dotaron de otra estructura: hay partidos que se presentan en toda España y otros partidos que solo se presentan en partes del territorio nacional. Estos últimos no se ocupan del interés general (lo harán los partidos nacionales) y solo se centran en las cuestiones particulares de su Autonomía.
La diferencia es clara porque hay partidos políticos que tienen de referencia el interés general de todos los españoles y otros que tienen un interés mucho más limitado porque es el de Comunidades Autonómicas.
Los resultados de las últimas elecciones generales hicieron que ciudadanos que votaron un partido sin adscripción estatal, pero siendo Diputados de España, utilizaran su representación general ganada en el ámbito de un partido local, pudiesen dar sus votos a otros de carácter general hasta llegar que llegara a obtener la confianza del mencionado Congreso de los Diputados.
Cediendo a los minoritarios
Este resultado electoral hizo que los representantes del Gobierno español, lejos de atender por encima de todos los interés generales, tuvieran que ir cediendo a los minoritarios que apoyaban al gobierno sobre cuestiones particulares: ley de amnistía y ruptura del principio de igualdad y supresión de la solidaridad interterritorial.
Es decir, en el ámbito de las cuestiones generales se metieron cuestiones particulares de partidos autonómicos para convertir en política general algo que parte de las vicisitudes particulares que tenían los partidos locales.
La realidad ha demostrado que aunque ayuden a formar gobierno los partidos localistas nunca pueden convertir en general lo que tiene un interés de ámbito menor como son los de los partidos autonómicos. Y es que una cosa son los territorios y otra los partidos políticos: un partido nacionalista que ayude a formar gobierno no puede convertir en interés general lo que su interés particular.
