Muertos de uno y otro lado- ( Enrique Barrera Beitia )

Enrique Barrera Beitia

Cincuenta años después de la muerte de Franco la sociedad española es incapaz de abordar con serenidad sus consecuencias. Si les proporcionase mejores condiciones materiales de vida, alrededor de un 20% de nuestra población preferiría vivir en un sistema autoritario antes que en una democracia, y un porcentaje similar considera que Franco fue un gobernante autoritario pero no un dictador. Supongo que este modo de pensar, más asentado entre la gente joven, está relacionado con la carencia de memoria y con la expansión de las ideas ultras desde EE.UU.

Si lo que pretendió Franco fue cerrar la brecha económica con nuestros vecinos, no se lució. Hubo hambre, miseria y piojos hasta mediados de los años cincuenta, y en 1975 nos encontramos que la diferencia que había con Francia e Italia en 1935 se mantenía en el primer caso y se había agrandado en el segundo. Si lo que pretendió fue poner paz y orden en España, cualquier historiador afirmará que la Segunda República no inauguró una etapa de violencia política porque ésta venía de lejos, y si vamos a las cifras, está fuera de discusión que el remedio de la guerra fue mucho peor que la enfermedad.

A fecha de hoy sabemos que los españoles asesinados en la zona republicana, porque no se puede negar que los
hubo, fueron unos 50.000, mientras que en la zona franquista hay unanimidad en fijar en más de 100.000 los asesinados durante la guerra, y en torno a 50.000 entre 1939 y 1945. La diferencia se debe al esfuerzo de las autoridades republicanas para controlar la violencia ejercida al margen del gobierno.

El trabajo más serio fue hecho en 2012 por Francisco Espinosa y José Luis Ledesma, cuando recopilaron los trabajos realizados por investigadores a nivel, cuantificando la represión republicana en 49.279 y en 130.199 la franquista. Sin embargo, advertían que en una veintena de provincias, los estudios sobre la posguerra estaban incompletos por lo que la cifra tenía que ser necesariamente mayor. A esto hay que añadir lo que los historiadores denominamos “muertes sobrevenidas”, es decir, las provocadas por las pésimas condiciones en que vivían los presos en la posguerra y que eran perfectamente evitables. En 1939 había 270.719 presos, y algunas muestras sugieren que entre el 15-20% fallecieron por falta de cuidados médicos básicos e insuficiente alimentación. Cuando en 2008 Paul Preston presentó en el centro cultural de Caixa Galicia en Ferrol su libro El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco, aludió a esto atendiendo a una pregunta del público, y dijo que los asesinatos cometidos por los republicanos y los franquistas fueron respectivamente de 50.000 y 250.000.

Tampoco se ha hecho un esfuerzo para divulgar el soporte jurídico de los consejos de guerra en la dictadura, que presentaba entre otras aberraciones la de justificar las ejecuciones con el principio de seguridad preventiva creado en el Tercer Reich por el jurista Carl Schmitt, que decía que la solución de los problemas sociales era imposible en democracia, donde la libertad y la vida del individuo es sagrada en circunstancias ajena al delitos común, abogando en consecuencia, por una jurisdicción no supervisada por instituciones democráticas.

En España, este pensamiento justificó que bastaba con saber si la personalidad del preso hacía evidente que en el futuro cometería un crimen. En ausencia de un examen bio-psicológico que acreditara científicamente su naturaleza criminal, se recurrió a testimonios de sacerdotes y dirigentes falangistas como personas de “reconocido prestigio moral”. En este sentido, un lector de Galicia Ártabra cuyo nombre no diré, hizo hace tiempo un comentario a un artículo mío en esta misma sección, diciendo en relación a los republicanos asesinados que “los matamos antes de que ellos nos mataran”. Su frase define perfectamente este principio jurídico.