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Enrique Barrera Beitia
Todos los ferrolanos sabemos que el 10 de marzo de 1972 una manifestación de trabajadores de Bazán fue ametrallada por la Policía Armada (Policía Nacional en la actualidad), con el resultado de dos muertos y numerosos heridos; la ciudad entró en pánico y todo el mundo se encerró en sus casas. Sin duda fue una tragedia, pero aunque muchas se quedan en terribles noticias sin alcanzar la categoría de suceso histórico, no es este el caso.
La censura minimizó el coste político, pero en Europa llamó la atención que hubiera ocurrido precisamente en la ciudad natal del dictador, porque estaba muy arraigada la idea de que las ciudades natales de los dictadores recibían un trato favorable. Como el impacto internacional fue notable, la dictadura dio un paso que resultó catastrófico para sus intereses: dar publicidad al juicio contra los detenidos celebrado en julio de 1975 por el TOP (Tribunal de Orden Público), y que se popularizó como el Juicio de los 23 por ser este el número de acusados. La idea del gobierno era demostrar que toda la culpa radicaba en los comunistas, y que fuera de este colectivo no había en España conflicto social ni político. Se invitó a observadores extranjeros, acudiendo dos estadounidenses de Amnistía Internacional y
dos alemanes representando a varias organizaciones judiciales europeas. El varapalo vino por cinco razones.
La primera es que cada reo tenía un abogado particular, y se creía que todos pertenecerían a los bufetes laborales ligados a CC.OO, pero abarcaron todo el espectro político incluyendo nada menos que a un hijo de José María Gil Robles, líder de la CEDA durante la Segunda República. Esto visualizaba una solidaridad con los acusados de todo el abanico democrático.
La segunda es que en el inicio del juicio se cambió la acusación de asociación ilícita por terrorismo (el cierre de establecimientos por piquetes recibía esta calificación). Lo correcto sería aplazar el juicio para dar tiempo a rehacer las defensas, pero no se hizo.
La tercera es que el tribunal rechazó la informes forenses que acreditaban torturas a 14 reos. En una democracia las declaraciones obtenidas bajo tortura no son admitidas, pero el TOP nunca cuestionaba los informes policiales.
La cuarta es que fueron condenados por participar en los piquetes personas que estaban siendo atendidas en los hospitales, entre ellos Julio Aneiros, operado a vida o muerte. Los informes médicos presentados por los abogados también fueron rechazados.
La quinta fue la contradicción en sostener una acusación de terrorismo cuando el propio Almirante de Ferrol aceptó recibir a una delegación de CC.OO horas después del tiroteo, ordenando tras la misma a las unidades militares bajo su mando que se mantuvieran acuarteladas.
Al ocurrir esto en fechas tan cercanas al inicio de la Transición, debilitó los planes de los tecnócratas del Movimiento Nacional que defendían que la dictadura había evolucionado a un simple régimen autoritario que, con unas limitadas reformas, podría ser aceptado en Europa.
En una sociedad cada vez más cínica y descreída, tengo que rendir homenaje a esa generación (Rafael Pillado, Julio Aneiros, Manuel Amor, José María Riobóo, Paco Filgueiras, José Toregrosa, etc) que asumió el riesgo de luchar por la Libertad y la Democracia en una época en la que es verdad que la dictadura ya medía mucho las condenas de fusilamiento, pero donde la cárcel eran un destino seguro.
Recordemos que al aceptar participar en las elecciones del Sindicato Vertical, CC.OO seguía siendo un sindicato ilegal, pero no clandestino.
