Nebrija y las Autonomías

Juan Cardona-( juan@juancardona.es)

No voy a caer en la permanente polémica de la prevalencia entre las lenguas oficiales, máxime cuando solamente hay que acudir a nuestra Constitución que en su artículo 3, literalmente establece: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». A destacar que todo español tiene el deber de conocerla y el derecho a usarla.

En los estatutos de Autonomía de las Comunidades que tienen lengua propia o en las Leyes de Normalización Lingüísticas que desarrollaron, como Galicia, El País vasco, Comunidad Valenciana, Baleares o Cataluña se intentó no solamente igualar, sino desplazar al castellano al incluir igualmente «el deber de conocer» las lenguas cooficiales y estableciendo incluso en el caso catalán el «uso preferente». El Constitucional declaró inconstitucional «el deber de conocerlas».

Hoy en día, es normal imponer como excluyente o «sobrevalorando» el conocimiento de las «lenguas propias» en las convocarías de empleo público saltándose a la torera el artículo 14 de la Constitución que establece la igualdad de derechos de todos los españoles.

Analizando el empeño de hacer de la lengua un arma política para ser utilizada contra «el resto» nos retrotraemos al año 1492. En esa fecha encontramos una buena referencia al «uso de la lengua» en el prólogo a la gramática de la lengua castellana que Antonio de Nebrija presenta a la «Muy alta y así esclarecida princesa Doña Isabel, la tercera de este nombre, Reina y Señora natural de España y las Islas de nuestro Mar».

Nebrija le relata que la lengua se identifica con los antiguos imperios tanto en su nacimiento, expansión y caída. Le nombra y describe los diversos imperios desde la antigüedad comenzando por los asirios. Salva del olvido, en el que han caído esos idiomas, al latín y griego: «por aver estado debaxo de arte, aun que sobre ellas an pasado muchos siglos, toda vía quedan en una uniformidad». Le hace ver a la reina, estudiosa del latín como lengua culta y dudosa de la normalización propuesta, la necesidad de establecer el castellano en todo el reino redactando una gramática que le de fortaleza y garantice su futuro, continuando con el fuerte impulso que le había dado el «Rei don Alonso el Sabio» con la publicación de las Siete Partidas y la traducción de muchos libros de latín y árabe al castellano, lengua que se extendió con el paso del tiempo hasta Aragón y Navarra y por «los miembros y pedaços de España, que estavan por muchas partes derramados, se reduxeron y aiuntaron en un cuerpo y unidad de Reino»; y que por muchos siglos que pasen e injurias que padezca no la podrán romper ni desatar.

A la presumible pregunta de la reina sobre el aprovechamiento de su obra, pone en boca del Obispo de Ávila la respuesta, de la necesidad de imponerla a los «pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas para que puedan recibir las leyes que el vencedor pone al vencido». Remata su extenso prólogo con una recomendación sobre la enseñanza, no solamente a los enemigos de la fe, sino a todos los territorios que dependan de la Corona; eso sí: la enseñanza debe de impartirse desde la infancia.
Por la fecha de la publicación en 1492, año del «descubrimiento» de América, no se contaba aún con el inmenso territorio que se iba a incorporar a la Corona y que, pasado el tiempo, por aplicación de la política propuesta se convertiría en el vivero de la lengua española, con más de cuatrocientos millones de hispanoparlantes.

No cabe duda alguna que la marcha imparable del castellano, con una proyección prevista de superar al inglés en unos cuantos años, se ha visto en las Comunidades Autónomas como la lengua a batir en cada uno de los territorios e incluso inventándose un área geográfica superior a la que pudiese corresponder su influencia como es el caso catalán: menospreciando y marginando al valenciano, al mallorquín o al menorquín entre otras. La inmersión lingüística, nacida aparentemente para vitalizar las lenguas llamadas propias se han convertido en un arma política para ahogar al castellano. No cabe duda que los dirigentes de esas Comunidades leyeron el prólogo de Nebrija.

La Ley catalana de política lingüística del año 1998 establece en su primer artículo garantizar «el uso normal y oficial del catalán y el castellano» y en segundo apartado del mismo artículo «b) Dar efectividad al uso oficial del catalán y del castellano, sin ninguna discriminación para los ciudadanos y ciudadanas». Nada más lejos de la realidad al negarle, de hecho, al castellano su papel de lengua vehicular en la escuela y relegándolo exclusivamente a una asignatura más. No solamente incumplen sus propias leyes, cayendo en un puro adoctrinamiento, sino que se ríen de los hispanohablantes que ven que sus derechos son inculcados ante la pasividad del Gobierno Autonómico y la inacción del Gobierno Nacional sin respetar un derecho básico como es el de poder elegir el idioma oficial en el que expresarse y ser atendido y por tanto de realizar los estudios en él.

En Galicia, en problema se plantea de manera y forma más sibilina al limitar la enseñanza en castellano a las asignaturas de Matemáticas en educación primaria, impartiéndose en gallego las asignaturas de Conocimiento del medio natural, social y cultural. En secundaria se une a la enseñanza en castellano Tecnologías y Física y química reservando para el estudio en gallego las asignaturas de Ciencias sociales, geografía e historia, Ciencias de la naturaleza y Biología y geología. Todo muy al uso de los nuevos tiempos donde la movilidad en el mundo del trabajo exige el adaptarse a la cultura y modos de los países en los que se vive. Es sabido que el idioma en que se estudia y profundiza marca la labor profesional en el futuro. Dejemos por tanto la libertad de elección de la lengua vehicular que nos va a marcar nuestro camino y no la decreten nuestros políticos que harán con su imposición unos presumibles buenos profesionales localistas negándoles el poder ejercer con soltura en otras latitudes.

Un ruego a los políticos: Si se les llena la boca con la «libertad de elegir» apliquen esa máxima a la educación. Alguien en el futuro se lo agradecerá. Contra el nacionalismo ¡Libertad!