Transfugismo en la Plaza de Armas

Los últimos acontecimientos en el concello de Ferrol, pueden traer consecuencias que ahora pasan inadvertidas.

Enrique Barrera Beitia

Los hechos: el decreto de alcaldía

Un decreto del alcalde con fecha 26 de septiembre, expulsó de la comisión de gobierno a dos de los tres representantes socialistas, cesó a la teniente de alcalde, despidió a los dos trabajadores de apoyo del grupo municipal y retiró las competencias de Servicios, Bienestar Social y Deportes a otros tres concejales.

En términos estrictos, el partido socialista no fue expulsado del gobierno de coalición, porque retenía varias competencias, pero el carácter unilateral del decreto y la importancia de los cambios, rompía el acuerdo inicial e imponía otro. Los afectados decidieron no aceptarlo y optaron por pasar a la oposición renunciando a sus competencias. Sin embargo, dos concejalas decidieron aceptar la nueva propuesta del alcalde.

El Pacto Antitransfugismo

La gestora socialista federal con sede en Ferraz (Madrid), remitió este asunto al Pacto contra el Transfugismo para que la Comisión de Expertos Independientes lo dictamine. Lo hará en diciembre, y presumiblemente declarará tránsfugas a las dos concejalas y beneficiario de transfugismo al alcalde. Esto significa que, de acuerdo con los compromisos adquiridos por los firmantes, no podrá repetir como candidato salvo que lo haga en una candidatura independiente. Como todos sabemos, el transfugismo es una mala práctica política, pero no tiene consideración de delito punible con la pena de cárcel.

¿Un salto al vacío?

Sorprende la aparente inconsciencia de la decisión tomada por la alcaldía y las dos personas afectadas, ya que no hay en esta historia ningún elemento que siquiera permita sospechar la existencia de corrupción económica o lucro personal. Da la impresión de que, o bien desconocían las implicaciones de sus actos, o bien habían previsto una secuencia de acontecimientos que finalmente no se produjo, y que perfectamente podría haber sido esta:

1. El alcalde firma el decreto para rehacer el gobierno de coalición.

2. La dirección socialista de Ferrol es disuelta y se nombra una gestora.

3. La gestora acepta el decreto de la alcaldía y ordena al grupo municipal socialista que se mantengan en el gobierno. Por lo tanto, no habría transfugismo.

La cuestión estriba en saber si dicha secuencia fue una previsión a la que llegó por su propia cuenta el alcalde de Ferrol, o bien alguien se la insinuó. Si es esto último, ¿hay alguna razón para hacerlo?

La razón de fondo

A mi entender hay dos razones. La primera está relacionada con las empresas concesionarias de servicios. Aunque sorprenda, la postura de Ferrol en Común en este terreno es mucho más timorata que la del PSOE, de tal manera que llevan meses buscando la manera de entregar con el menor coste político a Emafesa los 850.000 € cobrados antes de las elecciones municipales, en concepto de tasa de saneamiento (como sabemos, la EDAR nunca funcionó). Tarde o temprano habrá que decidir si se devuelve a los vecinos o se entrega definitivamente a la empresa de Florentino Pérez. Puede haber otros casos. La salida de los concejales socialistas ha sido muy bien recibida por los representantes de URBASER, que ahora entienden que la recepción de ese dinero está más cerca.

La segunda razón es un secreto a voces: una parte de la agrupación socialista ferrolana, lleva años intentando que «instancias superiores» del partido destituyan a la dirección local, que siempre ha tenido el respaldo de la asamblea de afiliados. No sería de extrañar su implicación en estos sucesos.

Además del sostenido ataque de La Voz de Galicia, hay un descarado matonismo en las redes sociales, una auténtica cacería que oculta bajo una avalancha de ataques personales estas discrepancias ideológicas y programáticas. La estrategia de dividir a los protagonistas en simpáticos y antipáticos siempre es más fácil de comprender, y por lo que parece, se está imponiendo a los intentos de profundizar en las causas reales de lo que está pasando.

En cualquier caso, la situación del gobierno local no es nada halagüeña. Al estigma de la contaminación por transfugismo, cabe esperar una caída en la calidad de la gestión al aumentar la sobrecarga de responsabilidades en un grupo bastante limitado.