Germán Castrillón sufre las consecuencias de una mala licencia concedida cuando no era alcalde

Castrillón abona al primer pago de la multa que le fue impuesta por una actuación urbanística que surge casi 20 años antes de asumir la alcaldía

El alcalde de Cabanas, Germán Castrillón, ya hizo frente al primer pago de la multa de 3.000 euros que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por incumplir los plazos respecto a la demolición del edificio de O Penso. Multas que debe pagar y que nacen de una licencia concedida casi 20 años antes de que fuese alcalde por la regidora socialista Modesta Anca, posteriormente anulada por los tribunales. También parte de un derribo que fue ordenado vía judicial a mediados de los 90, mientras que Castrillón asumía la Alcaldía en 2007.

Para Castrillón esta es una situación penosa, ya que está pagando personalmente la ristra de errores urbanísticos cometidos muchos años antes de ser alcalde. Y especialmente dolorosa porque desde que ejerce como regidor ha sido uno de sus objetivos dar cumplimiento a las sentencias judiciales. Confía en que el proceso no se dilate mucho más en el tiempo, máxime cuando se están dando los pasos necesarios desde la Administración local para ajustarse a la legalidad.

EL DERRIBO DE LAS DOS PLANTAS DE O PENSO

El derribo de dos plantas del inmueble de O Penso fue decretado por el TSXG en sendas sentencias de 1994 y 1996, época en la que gobernaba la socialista Modesta Anca y más de diez años antes de que Castrillón tomase posesión como alcalde. Posteriormente, y ante los recursos presentados, las sentencias fueron ratificadas por el Supremo (en 2000 y 2001). Se confirmaba así anulación de la licencia municipal concedida también en su momento por la regidora socialista, ya que el edificio no se ajustaba a la normativa urbanística.

En 2007, Castrillón gana la Alcaldía y, acto seguido, comienza a trabajar para dar cumplimiento a las sentencias judiciales. A mediados de 2008, se rechazan las alegaciones de incidencias presentadas y se comienza a aplicar un plan de ahorro municipal para poder hacer frente a los 800.000 euros necesarios para el derribo y que prácticamente supondrían la quiebra del consistorio de hacerse efectivos de inmediato.

Ese plan concluye con una partida de 400.000 euros con la que empezar a financiar los trabajos, mientras que el resto de los fondos se solicitan vía préstamo a una entidad financiera. Tras adjudicar las obras de derribo, surgen diferentes problemas que derivan en una serie de retrasos. La primera consecuencia: Castrillón fue juzgado por un delito de desobediencia, del que finalmente fue absuelto. Además, se le imponen una serie de multas a las que hace frente. El último episodio, el anuncio de embargo de sus bienes que ahora evita con el abono de esta nueva sanción.