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El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes, día 9, a Navantia y a su propietaria, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que amplíen su política comercial en los astilleros de Ferrol a sectores como el petróleo, el gas o el mercante tras el fin, a partir del 1 de enero de 2015, del veto impuesto por Bruselas a la construcción naval civil.
«Tenemos que ir preparándonos. La SEPI, Navantia, tienen que ir preparándose en ese nuevo escenario y, por lo tanto, su política comercial tiene que ampliarse», ha reclamado Feijóo en declaraciones a la prensa en Bruselas. «Su política comercial tiene que dedicarse a sectores del ámbito del petróleo, del ámbito del mercante, del ámbito gasístico y no solamente buques militares, que también», ha señalado.
El presidente gallego ha dicho que todavía hay que esperar a la nueva Comisión de Jean-Claude Juncker «porque será el nuevo comisario de Competencia el que tendrá que ratificar que a partir de enero se levanta esa prohibición». No obstante, ha resaltado que se abre «un nuevo periodo» con un «horizonte despejado».
«Siempre hemos sido partidarios de cumplir las obligaciones de la UE para poder decir que en los astilleros públicos gallegos se puede hacer cualquier tipo de barco», ha apuntado Feijóo.
«AMPLIAR POSIBILIDADES»
En todo caso, el presidente de la Xunta ha defendido que en Ferrol hay «que hacer más énfasis en otros tipos de industria». «Y en Ferrol tenemos, no solamente que vivir del monocultivo del naval, sino ampliar las posibilidades instaladas en una industria auxiliar que no solamente sabe hacer barcos sino que sabe hacer muchas otras cosas», ha sostenido.
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha confirmado en una reciente respuesta parlamentaria que «el 1 de enero de 2015 expiran los compromisos del Reino de España, entre los que se cuenta la limitación de las ventas civiles de Navantia hasta un máximo del 20% de las ventas totales como media móvil de tres años, durante un período de 10 años». Esta restricción fue impuesta por Bruselas en 2005 como condición para autorizar el rescate de los astilleros de Izar, predecesor de Navantia.
«Como consecuencia de ello, Navantia y el Reino de España ya no estarán vinculados por esos compromisos, que propuso el Reino de España en el contexto del procedimiento en aquel momento. Por consiguiente, ya no se aplicará la limitación relativa a la construcción naval civil», anunció Almunia.
