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La jueza que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, ha decidido requerir a PP, PSdeG y BNG sus libros de contabilidad y todos sus datos contables, a fin de analizar las donaciones recibidas durante los meses de mayo y junio de 2011, cuando se celebraron las últimas elecciones municipales.
En un auto la magistrada acota la petición a las sedes de los tres principales partidos en Galicia a las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol y Santiago, además de a los municipios coruñeses de Ribeira y Boqueixón. «Idéntica información» requiere de Terra Galega en la localidad coruñesa de Arteixo.
Todas estas formaciones deberán facilitar a los agentes de Vigilancia Aduanera sus libros contables e identificar a los encargados de la contabilidad, así como precisar quiénes eran los responsables de las cuentas bancarias en el entorno de los últimos comicios locales.
Asimismo, la jueza pide al Tribunal de Cuentas que entregue a los agentes todos los datos y asientos contables correspondientes a las donaciones recibidas por los partidos antes citados. A las compañías telefónicas, además, les pide información sobre los teléfonos de los últimos llamados a declarar en calidad de imputados.
Finalmente, reclama de los ayuntamientos de Ferrol, Verín (Ourense) y Ribeira un informe con todos los concursos públicos en los que haya participado alguna empresa del Grupo Vendex desde 2010 y de sus contratos vigentes o ya finalizados con alguna de las compañías de este entramado a partir del mismo año.
¿FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS?
Con estas medidas, Pilar de Lara pretende esclarecer si los fondos supuestamente percibidos por políticos de distinto signo tenían como destino final a los partidos.
De hecho, en los fundamentos jurídicos que incluye el auto, explica que las distintas diligencias practicadas –intervenciones telefónicas, análisis de información de equipos informáticos, examen de la contabilidad– permiten concluir que los dirigentes de Vendex habían diseñado «una política empresarial conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las administraciones públicas, especialmente de las municipales, realizaría presuntamente sobornos».
Estos «sobornos», como detalla, consisten básicamente en la contratación de personas «recomendadas», en el «pago de dinero» y en el «agasajo de regalos» a autoridades municipales, políticos y funcionarios que, «bien directa o indirectamente, han realizado actos o influenciado» para que este grupo empresarial lograse contratos públicos.
La prueba que esgrime es que tanto el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, como el responsable del grupo a nivel estatal, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, han realizado «pagos de elevados sumas de dinero, sin causa justificada lícita aparente, a distintas personas con cargos institucionales y/o políticos».
Distintos medios publican este martes que el portavoz de PP en el Senado, José Manuel Barreiro, habría recibido 5.000 euros de Vendex, extremo que él mismo ha desmentido a los medios de comunicación. Lo mismo han hecho otros compañeros suyos de partido, como el regidor de Ferrol, José Manuel Rey (3.000 euros); el teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores (5.000 euros); y el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar (6.000 euros).
La propia jueza pone de manifiesto en su auto que «no consta si tales pagos se han efectuado» para estas personas –entre otras– «a título particular» o «si se trata de donaciones ilícitas efectuadas al partido al que representan».
