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La Comisión de Peticiones de la Eurocámara, votará este lunes día 16, las recomendaciones del informe de compromiso que ha presentado su presidenta, Emilia Mazzoni, para mejorar la situación de las rías gallegas, pese a la falta de acuerdo sobre el texto entre los tres titulares de la delegación de eurodiputados que visitó las rías de Ferrol, O Burgo y Vigo en febrero, para comprobar ‘in situ’ la situación.
Los socialistas y populares han rechazado aplazar de nuevo el debate, como han reclamado los grupos liberal y verde por la falta de traducción de las 84 enmiendas presentadas al texto.
La eurodiputada verde y una de las titulares de la delegación, Tatjana Zdanoka, ha presentado una enmienda a la totalidad de conclusiones y recomendaciones del informe, junto con otra titular de la delegación, la liberal Angelika Werthmann, porque reflejan más la postura del jefe de la delegación, el eurodiputado popular Phillipe Boulland.
Zdanoka denunció hace unos días «la conspiración de los grandes partidos políticos para aceptar este informe sin tener en cuenta la posición de dos de los tres miembros de la delegación» y mostró su intención de enviar una carta al presidente de la Eurocámara. «No puedo participar en esos juegos«, ha insistido.
Werthmann también criticó a Boulland por no querer aceptar su enmienda con el objetivo de «tratar de imponer su propia posición» sólo por ser el jefe de la delegación, algo que ha dejado claro que «no es democrático» y lamentó que «la opinión mayoritaria no se respeta». En todo caso, avanzó la posibilidad de incluir la parte del informe de ambas eurodiputadas como informe discrepante minoritario para reflejar sus posturas.
Por su parte, Boulland expuso la decisión «por fin» de avanzar con el informe tras las tentativas «de obstrucción» y ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada, porque el texto sobre la mesa representa un «equilibrio justo entre lo que dicen los peticionarios y las autoridades».
Procesos de bloqueo
El eurodiputado del PP, José Millán Mon, expuso en su momento que de forma «mayoritaria» los eurodiputados hayan apoyado «no seguir autorizando procesos de bloqueo«, dado que el informe se tenía que haber votado en mayo, y ha insistido en que el informe de compromiso es «una base aceptable».
Boulland, Iturgáiz y Mazzoni, han cuestionado las 40 enmiendas que ha presentado el eurodiputado de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, en nombre de la ex-eurodiputada del BNG, Ana Miranda, a pesar de que los servicios jurídicos de la Eurocámara avalaron la fórmula.
Lavar la cara
Irazabalbeitia subrayó por su parte «la contradicción» entre el jefe de delegación y las otras dos eurodiputadas y lamentó que el texto sobre la mesa «no refleja lo que los peticionarios han comentado» y «llega a edulcorar, a hacer más ‘light’, la situación de las rías gallegas». También censuró que las enmiendas del PP pretenden «salvar la cara a las autoridades».
Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, también criticó que el informe sobre la mesa «no refleja la verdadera situación de las rías gallegas» y ha criticado que se haya forzado un informe «desde el primer momento» con «el único objetivo de salvar al Gobierno de Galicia y no tener en cuenta a los peticionarios».
Así por ejemplo, reprochó que el texto sobre la mesa hable de «cierta proximidad de la planta de gas de Reganosa cuando está «al lado» de casas y ha defendido que hay que «resolver todos y cada uno de los problemas vistos».
Socialistas
Por su parte, el eurodiputado socialista, Antolín Sánchez Presedo, afirmó que no tienen «ningún inconveniente» en que se recojan «todas las opiniones» de la delegación en el informe final, pero dijo que se siente «representado por el texto presentado» de compromiso por Mazzoni y ha criticado en todo caso, el retraso para avanzar con el informe.
El socialista reprobó que las autoridades gallegas hayan reducido el presupuesto para acciones de mejora y ha insistido en que «las autoridades competentes deben responder y dar cumplimiento a la norma europea», tras recordar que las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE ponen de «manifiesto una situación de incumplimiento» por «retraso», pero «no descuido» y rechazó que se pongan en duda «los controles que se están realizando» porque «España tiene controles suficientes«.
En relación a la planta de gas de Reganosa, defendió que debe haber un diálogo entre la empresa y los peticionarios, aunque dejó claro que no apoyará «desmantelar una instalación industrial» en el actual contexto de crisis, al tiempo que apoyó que las peticiones sobre la ría de Ferrol «deben formar parte de esta resolución».
Contenido del proyecto de informe
El proyecto de informe que está sobre la mesa, reconoce que partes de las rías están «especialmente afectadas por la contaminación tras muchos años de descuido» de las autoridades nacionales y locales y que «la rápida expansión de la urbanización y la industrialización» no han sido acompañados de «suficientes medidas para proteger el medio ambiente y garantizar una gestión de los residuos adecuada» y recuerda que las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE contra España, reflejan «el nivel de gravedad de las infracciones y retrasos» para cumplir la normativa.
Con todo, asegura que los esfuerzos de las autoridades han llevado a «la mejora de varias zonas» y destaca «grandes avances» en Galicia desde los años 80, cuando sólo contaba con una planta de tratamiento de aguas residuales frente a las 151 de la actualidad. No obstante, constata que el tratamiento de las aguas de lluvia no es correcto en Vigo, aunque apunta que la estación de Lagares, en fase de construcción, debería responder a las últimas preocupaciones en este punto.
Asimismo, el proyecto de informe defiende que la planta de Reganosa ha recibido «todas las autorizaciones necesarias para sus actividades», aunque los miembros han comprobado «una cierta proximidad con algunas viviendas«.
En el caso de la ría de O Burgo, el texto admite la sorpresa de algunos miembros de la delegación por el «espeso lodo» que ha afectado «negativamente» en la zona y reclama «medidas» para garantizar la calidad del agua a fin de aproximarse a «los niveles europeos más estrictos», al tiempo que ve necesario limpiar «urgentemente» la ría.
El texto también pide que «la Unión Europea debe estar preparada para proporcionar el apoyo financiero necesario, que permitiría a la Comunidad gallega dar prioridad de forma más eficaz a los programas y proyectos destinados a la limpieza de las rías y su interior, a fin de mejorar considerablemente la gestión de aguas residuales».
