El príncipe y el mendigo

Federico QuevedoFederico Quevedo-(el confidencial)

Voy a poner por escrito un cuento, tal como me lo contó uno que lo sabía por su padre, el cual lo supo anteriormente por su padre; este último de igual manera lo había sabido por su padre… y así sucesivamente, atrás y más atrás, más de trescientos años, en que los padres se lo transmitían a los hijos y así lo iban conservando. Puede ser historia, puede ser sólo leyenda, tradición. Puede haber sucedido, puede no haber sucedido: pero podría haber sucedido. Es posible que los doctos y los eruditos de antaño lo creyeran; es posible que sólo a los indoctos y a los sencillos les gustara y la creyeran”.

Así comienza el gran Mark Twain su novela El Príncipe y el mendigo en la que cuenta la historia de cómo el Príncipe Eduardo, hijo de Enrique VIII, es suplantado en la Corte por un mendigo físicamente igual a él, Tom Canty, y de cómo éste estuvo a punto de llegar a ser coronado Rey de no ser por la ayuda que un noble venido a menos prestó al verdadero Eduardo y a una joya de corona que en su ignorancia el falso Príncipe de Gales confundió con un cascanueces. Eduardo salvó a Tom de la paliza que pensaba darle un guardia de la Corte y lo llevó hasta sus aposentos donde intercambiaron las ropas…

“Si saliéramos desnudos públicamente, no habría nadie que pudiera decir quién eras tú y quién el Príncipe de Gales”, le dice Eduardo Tudor a Tom, y es aquí donde me interesa detenerme. Sin duda la novela de Twain se adelantó mucho a un debate que necesariamente debía surgir con el tiempo, y no es otro que el del anacronismo que supone la convivencia de un sistema democrático que se fundamenta en la decisión de la soberanía nacional y en la igualdad de todos los ciudadanos con la Monarquía que en su origen se asienta sobre un modelo absolutista que además considera a unos seres humanos superiores al resto por la Gracia de Dios.

Lo que hace posible esa convivencia, no solo en España sino en el resto de países europeos que cuentan también con un modelo similar de monarquía parlamentaria es, por una parte, el haber despojado constitucionalmente de sus poderes a la Corona y, por otro, someterla, sino a la elección del pueblo si, al menos, a su control. Ese ha sido, de hecho, el gran error cometido en la Transición española con nuestra Monarquía. Se cumplió el primer requisito, pero no el segundo, es decir, se le otorgó a la Monarquía una condición de impunidad que la situaba de nuevo en un estadio por encima del resto de los ciudadanos de este país.

Fue un error porque eso favoreció un comportamiento absolutamente ajeno a cualquier mínimo ético por parte de algunos miembros de la Casa Real –caso Urdangarín– y el propio Rey ha participado de una conducta poco ejemplarizante para la exigencia de la opinión pública. Casi 40 años después, la Monarquía sufre las consecuencias de ese error obteniendo unos niveles bajísimos de popularidad cuando hasta hace bien poco era la Institución más admirada y querida del Estado, y se ha puesto de manifiesto que, al igual que ocurre en el cuento de Mark Twain, una vez despojado de sus ropajes, cualquier príncipe puede ser igual que cualquier mendigo y no está exento ni de la acción de la justicia ni de la animosidad del pueblo.

Sustituyamos príncipe por duque, que para el caso es lo mismo. El viernes, sin ir más lejos, el Príncipe Felipe fue objeto de un sonoro abucheo en el Liceo de Barcelona fruto del descontento ciudadano aunque también, y probablemente en mayor medida, de ese sentimiento soberanista que el nacionalismo catalán ha esculpido con fuego en el alma de los ciudadanos de Cataluña. Dan igual las razones, o no, pero el hecho es que ese gesto -maleducado e irrespetuoso- da fe del descontento de la gente con una institución que ha dado a los ciudadanos muchos motivos para el descrédito.

Sin embargo, no es justo que se cargue ese sentimiento sobre los Príncipes que, seguramente, son los únicos que están manteniendo una actitud pulcra con la institución y con la ciudadanía. No parece, sin embargo, suficiente. Son necesarias reformas que corrijan ese error cometido en la Transición, y probablemente no basta con la Ley de Transparencia. Hace unas semanas escribí en un post que el Gobierno quería ir más allá y que estaba estudiando la manera de regular la abdicación del Rey en una Ley-Estatuto de la Casa Real que limitaría las funciones y la representatividad de los miembros de la misma.

Se me desmintió, pero lo cierto es que ese trabajo se está haciendo como luego se encargaría de publicar un diario de tirada nacional. Hay que hacer una reforma profunda de la institución, y no creo que deba ser el Rey quien la lleve a cabo, sino que ese papel debería recaer en el Príncipe para que, de ese modo, en su persona vuelva a recuperarse la credibilidad de la Monarquía. Y esto lo escribe un liberal que, para nada, se siente monárquico, pero que en absoluto quiere que el país acabe de nuevo en una batalla campal a vueltas con una idea de República secuestrada por la izquierda que en absoluto comparto.

 

 

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