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Los jueces y magistrados que desempeñen su función jurisdiccional en Galicia pondrán en conocimiento de las autoridades municipales y autonómicas los casos de desahuciados especialmente vulnerables, con el fin de facilitarles una vivienda social o un piso de alquiler.
Este mecanismo será posible gracias al convenio de colaboración firmado este lunes entre los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner; de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y de de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey.
Se trata de un convenio pionero suscrito entre el órgano de gobierno de los jueces con una comunidad autónoma que permitirá «movilizar de forma exponencial a partir de esta misma mañana» las 500 viviendas que la Xunta ha puesto a disposición de las personas que se vean inmersas en un procedimiento de desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o de un juicio por falta de pago de la renta.
Feijóo, que ha agradecido al CGPJ su «sensibilidad» e «interés», ha puesto de relieve que este convenio mantiene la independencia del poder judicial, con la aplicación del Estado de Derecho y la propia implicación de los magistrados ante el «asfixiante drama» de las familias desahuciadas. «Cuando un juez advierta una especial vulnerabilidad de un afectado, notificará el hecho a la comunidad autónoma, que automáticamente se pondrá en contacto con los servicios sociales de base de los ayuntamientos», ha explicado el presidente gallego, para añadir que los servicios sociales autonómicos y municipales buscarán la posibilidad de facilitar una vivienda social y, en segundo lugar, una vivienda en alquiler.
«Vamos a encender las alarmas de la Administración autonómica y los ayuntamientos gallegos», ha enfatizado Feijóo, para poner de relieve que se activará el mecanismo incluso antes de dictar sentencia, con el fin de ayudar a los desahuciados. «Cada vez que una familia pierde su hogar se resienten los pilares de la convivencia», ha subrayado.
Alto nivel de exigencia ciudadana
Tras él, ha tomado la palabra el presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, para enmarcar este acuerdo en una cuestión de «justicia social» dirigida a evitar que un desahucio lleve al «desamparo total» a personas especialmente desvalidas o vulnerables y mostrar su confianza en que el CJPJ firme acuerdos semejantes con otras comunidades en el futuro
«Muchos ciudadanos de gran crisis económica se encuentran inmersos en procesos de ejecución que terminan con la subasta y la adjudicación de sus viviendas o en un procedimiento de desahucio por falta de pago, con el consiguiente riesgo de exclusión social», ha advertido, para señalar que los afectados deberán cumplir los requisitos establecidos en el programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias gestionado por el Instituto Galego da Vivienda.
Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, José Manuel Rey Varela, ha destacado que en estos tiempos los poderes públicos afrontan un «nivel de exigencia ciudadana muy alto» y que tienen la «obligación de estar a la altura de los problemas» de la sociedad y de hacerlo «en tiempo real con inmediatez». «Estoy convenido de que los ayuntamientos gallegos estarán a la altura de lo que este convenio pide, exige y, sobre todo, a la altura de servir con este convenio al interés general, a las personas que más lo necesitan en estos momentos como consecuencia de una crisis económica que ya dura demasiado tiempo», ha afirmado.
Para el presidente de la Fegamp, «son los técnicos municipales, los servicios sociales municipales que están presentes en cada barrio, en cada calle, los que conocen todas y cada una de las situaciones que están viviendo sus ciudadanos». «Por eso, la información resulta fundamental para prevenir situaciones como las que estamos viendo y sufriendo en estos tiempos», ha finalizado.
