Con togas y a lo loco-(Enrique Barrera Beitia)

Enrique Barrera Beitia

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos y a Koldo García a 24 y 19 años de prisión respectivamente, al considerar demostrado que recibieron más de 5,4 millones de euros por diversos conceptos ilícitos del empresario Víctor de Aldama, quien pese a defraudar a Hacienda más de 182 millones de euros, ha sido librado de cumplir su pena de cuatro años y medio de prisión y le perdonan 3.7 millones de euros de la multa.

Sin embargo, la colaboración con la Justicia para atenuar la condena, según la doctrina del propio Tribunal Supremo, exige que la persona confiese su delito antes de ser encausada y que su aportación sea relevante. Es indudable que la primera condición se ha incumplido, porque la colaboración empieza cuando él ya estaba encarcelado. En cuanto a lo segundo, basta recordar que manifestó poseer pruebas que demostraban que el jefe de la trama era el propio Pedro Sánchez, y es evidente que no las ha aportado. Pensando mal, podría ser que Rufián diera en la diana al decir que Aldama está en la calle no por tener pruebas contra el PSOE, sino contra el PP.

Hay más elementos que entran en colisión con las normas procesales, como normalizar la apertura de causas con recortes de prensa, o “echar las redes” para ver si “se encuentra algo” vulnerando la prohibición de investigaciones penales a título preventivo, lo que supone destruir la presunción de imparcialidad. También es preocupante la renuncia de los jueces instructores a sacar sus propias conclusiones de la información recogida por la UCO, que
es sólo una policía judicial, dejando que sea ésta, y asumiendo acríticamente la validez de sus inferencias, una actitud idéntica a la del extinto TOP (Tribunal de Orden Público), con los informes de la Brigada Político Social.

También es alarmante cómo se ha normalizado la idea de que, al ser la justicia española muy garantista, cualquier error en la fase de instrucción terminará siendo subsanado. Ningún ciudadano debe ser sometido a la «pena de telediario» que supone abrirle una investigación sin indicios sólidos, más aún cuando la subsanación llega con años de retraso. Un claro ejemplo de esto último son los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, cuyos derechos
fueron vulnerados tras sufrir un proceso dilatado que concluyó con la anulación de sus condenas por el Tribunal Constitucional.

Ante esta deriva del “modus operandi” de nuestros jueces, es lícito sospechar que están lanzando un mensaje salvavidas a Leire Díez: «declare lo que nos gustaría escuchar, y seremos comprensivos». Ustedes ya me entienden, así que no digo más.