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La federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) ha planteado este lunes en el Parlamento sus propuestas para los presupuestos de la Xunta para el año que viene, con el foco puesto en el fondo de cooperación, que, según denuncia, lleva «congelado» desde 2010.
Representada por su presidente, Alberto Varela, y por sus vicepresidentes (el alcalde de Poio, Ángel Moldes; el de San Sadurniño, Secundino García y la de Betanzos, María Barral), la Fegamp ha celebrado una ronda de reuniones con la portavoz del BNG, Ana Pontón; el del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro y el del grupo mixto, Armando Ojea.
Por motivos de agenda no se han visto con el portavoz del PP, Alberto Pazos, con quien la Fegamp espera poder mantener el encuentro «lo más pronto posible«, según indica en un comunicado de prensa. En él, la Fegamp valora que hubo «mucha receptividad» por parte de los grupos a las propuestas presentadas, que fueron aprobadas con anterioridad por sus principales órganos de decisión.
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
Estas propuestas ponen el foco sobre el Fondo de Cooperación Local (FCL), que, según critica, lleva «congelado» en 112 millones desde 2010 en su parte incondicionada –la que perciben todos los ayuntamientos–.
Por eso, plantea que los recursos obtenidos por los municipios con cargo a las dotaciones presupuestarias de este fondo tengan carácter de financiación incondicionada, «incluso los 5,4 millones que la Xunta destinó en los presupuestos de 2025 solo a los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes, en el caso de que se mantenga esta línea».
También demanda que la cuantía adicional condicionada del fondo (que en los presupuestos de 2025 superó los 40 millones de euros) «se integre» en el fondo incondicionado para todos los ayuntamientos, «con independencia de su población».
Asimismo, pide que para el reparto del fondo de cooperación se tengan en cuenta los criterios de población, superficie, núcleos de población y porcentaje de mayores de 65 años.
SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN
En línea con lo que mantiene desde hace años, la federación ha trasladado su reclamación para que Xunta y Ministerio de Derechos Sociales cubran el 100% de la financiación del servicio de ayuda en el hogar.
Por otra parte, demanda que se dote de «un fondo específico anual» con destino a los municipios que cubra «la totalidad de los costes de las escuelas infantiles municipales» derivados de la gratuidad. Al respecto, indica que en 2025 fueron unos 5 millones «cuando su coste estuvo en torno a los 30 millones». También urge la creación de un fondo específico anual «dirigido al equilibrio demográfico territorial».
En materia sanitaria, reclama medidas para dar cobertura «al 100%» de los gastos de las 13 Unidades Asistenciais á Drogodependencia desde el 1 de enero, «mientras no se materialice la integración definitiva de las mismas en el Sergas y dejen de depender de los ayuntamientos respectivos».
Asimismo, insta a la Xunta a incorporar en los presupuestos «las cantidades necesarias para asumir la cesión de aquellos centros de salud de titularidad que terminaron los trámites y que están pendientes de la aceptación por parte de la Xunta».
En los restantes casos, también demanda «los procedimientos necesarios para que la partida destinada a los centros de salud sea permanente y no sujeta al crecimiento o decrecimiento del Fondo de Cooperación Local, mientras no se complete la cesión de la totalidad de los centros, además de incluir en esta partida a los consultorios integrados en los Grupos I y II del convenio, que tienen en algunos casos unos gastos muy notables».
En el ámbito de la educación, la Fegamp solicita que se incorporen nuevas cantidades «asumiendo nuevos costes económicos» derivados del mantenimiento de los centros de enseñanza primaria.
OTRAS REFORMAS
Por otra parte, la federación también aportó propuestas al futuro proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, con las que insta a la Xunta a «potenciar» las funciones que tiene la Comisión Galega de Cooperación Local, «convocándola de manera periódica y regular y, en todo caso, antes de la aprobación de los proyectos de presupuestos de la Xunta de Galicia o de normas reguladoras del régimen local».
Propone, igualmente, constituir un organismo permanente de carácter paritario que tenga como finalidad «garantizar el respeto a la autonomía y competencias locales«.
Por último, reclama la modificación del actual régimen de audiencia de las asociaciones de municipios y provincias sobre las disposiciones de carácter general y anteproyectos de ley para fijarla como preceptiva, y extender el plazo mínimo para emisión de los informes a 15 días.
