¿Endurecer las penas? No, gracias

Quizás de entre todas las falacias que han calado entre la sociedad en los últimos años, sea ese de que nuestro sistema penal es ineficiente y blando una de las peores y más peligrosas, puesto que se traduce en pedir un sistema penal más duro y con penas mucho más injustas, en algunos casos, que en la actualidad.

Basta con recoger el dato de nuestra tasa de criminalidad y ponerla de relieve comparándola con otros países de la UE para ver cómo es ésto de falso: y es que dicha tasa cayó en España en el 2011 y se situó en 48’4 infracciones por cada mil habitantes, según el Ministerio del Interior. Por la contra, la media de la UE está prácticamente en 15 infracciones por encima: se sitúa en los 64’9, destacando Suecia con una tasa de casi 152 por cada mil habitantes.

Lo lógico sería que, teniendo una tasa tan baja, la población reclusa fuera también una de las más bajas. Pero no es así. Por muy increíble que parezca, en España hay 164 reclusos por cada cien mil habitantes. Una media mucho mayor que la de países como Francia (96) o Alemania (89, y con el sistema penal más admirado de Europa), cuando éstos países tienen una criminalidad más alta.

Esta anormalidad penal se explica en que nuestro “blando e ineficiente” sistema penal es, en realidad, más duro de lo que la gente cree (y eso sin entrar a valorar la reforma de Gallardón, que endurece todavía más el sistema penal, efectos que valoraremos en el futuro): en 2003 ya se endurecieron las penas, algo que solamente hizo que aumentara la población reclusa; en el 1995 se elimina la redención por trabajo, algo que la gente todavía cree que existe. Además, conseguir permisos o el régimen abierto resulta más difícil por el aumento de requisitos, algo que también contrasta con la creencia popular.

Lo que los datos contrastan y derrumban son dos teorías que se han ido fomentando en los últimos años, y que rozan y pasan de largo el más lamentable y execrable populismo. En primer lugar, se aduce normalmente que hay que endurecer las penas, puesto que la criminalidad no ha parado de aumentar. Este argumento, como ya hemos visto, es falso: desde mediados de los 90 la criminalidad no ha parado de bajar. Y ésto hila con el segundo discurso, de carácter más xenófobo, que se puede escuchar en cualquier terraza de bar: la inmigración aumenta la criminalidad. Curiosamente, la tasa de criminalidad ha ido bajando desde mediados de los 90 continuamente, período que coincide con la mayor entrada de inmigrantes en España. Evidentemente, no tiene nada que ver; como tampoco tendría que ver en el sentido contrario.

Ambos discursos, de marcado carácter populista, se aducen cuando ocurren sucesos aislados, dolorosos, pero que no tienen que ver con la estadística en su conjunto. Ocurre cuando los medios de comunicación fijan su foco en casos como el de Marta del Castillo, y tantos otros, donde errores garrafales, y sucesos que no nos gustaría que ocurriesen, son usados para argumentar furibundamente la teoría que hemos desmontando arriba.

Pero la realidad dicta que España no necesita ni endurecer más las penas, ni nada que se parezca a una cadena perpetua. Es más, con la cadena perpetua “a la europea” que se propone importar, las penas podrían ser incluso menos duras. Por ejemplo: desde el 2003 un delito de terrorismo puede costar 40 años en la cárcel, sin revisar. Bélgica, por ejemplo, revisa la cadena perpetua a los 10 años. Muy alejados de España.

España necesita, incluso, ablandar determinadas penas, puesto que es incomprensible que algunos sucesos no merecedores de pena privativa de libertad, acaben en la cárcel. Delitos menores que podrían ser resarcidos de otra manera, sin la necesidad de una entrada en una cárcel que, al fin y al cabo, es una fábrica de delincuentes potenciales.

Endurecer las penas en determinados casos, no solamente es injusto, sino que ahonda en uno de los grandes problemas del sistema penal español: cómo explicar esa tasa de población reclusa en relación con la tasa de criminalidad baja de la que gozamos, que incluso mengua en crisis (2011 es un claro ejemplo). Endurecer las penas, por lo tanto, solamente aumenta los problemas de un ineficiente sistema carcelario, en vez de solucionarlos de una vez por todas.

(*) Miguel Pazos es presidente de NNXX de Narón