Viejos y jóvenes

Gabriel Elorriaga Fernández (Diario crítico)

La actualidad de cada día nos hace olvidar los problemas de fondo que afectan a España como, por ejemplo, el descenso de la natalidad. El problema de una nación envejecida no proviene de la mayor esperanza de vida de sus habitantes, que es un dato positivo, sino de la menor cantidad de jóvenes.

El declive demográfico hace económicamente inviable los sistemas sociales de solidaridad mediante los cuales un alto número de trabajadores en activo mantiene las pensiones de los jubilados. Pensiones, en pequeña parte revaluadas o, simplemente, refrigeradas, ya que aunque no se ha llegado a la congelación total de otros tiempos, empiezan a mostrarse síntomas de difícil sostenibilidad. Los activos, al ser menos, cotizan escasamente para las pensiones de los mayores. Los más jóvenes garantizan el nivel de vida de los más veteranos. La proporcionalidad del sistema se rompe cuando la tendencia demográfica se manifiesta decadente.

No se trata de que un índice de paro nos presente una menor población activa y una población pasiva mayor por circunstancias coyunturales que debemos confiar que puedan corregirse. El problema, a  largo plazo, no es coyuntural sino biológico si, como se nos anuncia, la población puede disminuir en cinco millones de habitantes en unas décadas y no porque aumente la mortalidad sino porque disminuyan los nacimientos.
Frecuentemente se oyen proyectos tan alarmantes como el plan «Prepara» que establecerá que los parados que vivan bajo el mismo techo que sus ascendientes directos dependan del computo de ingresos de la unidad familiar y no de su situación individual. Es decir, que los jóvenes vivan a costa de los viejos en vez de los viejos a costa de los jóvenes. Recientemente, la ministra de Empleo comentó que los ingresos de la unidad familiar se valoraban solo «hacia abajo» y debieran valorarse «hacia arriba», teniendo en cuenta los ingresos de «los viejos», ingresos que ya se están completando con el fondo de reserva creado en otros tiempos y con las cotizaciones de quienes permanecen activos a pesar de las circunstancias. Es preocupante que se consideren estas propuestas seriamente ya que evidencian el suelo profundo de una crisis más allá de la precariedad del momento.
Resulta que se ve más aconsejable que los españoles rebajen indirectamente sus pensiones por el procedimiento de compartirlas con la manutención de sus descendientes, no solo porque estos descendientes tienen falta de empleo sino porque, además, son cada vez menos.

No es ajeno a esta situación el descuido de la política de protección a la familia, a su misión de continuadora de la especie y a sus valores de solidaridad que no deben ser consecuencia de compartir subsidios con sus descendientes  sino de su impulso para la educación y la productividad de sus hijos. La decadencia de la demografía es el síntoma de una enfermedad degenerativa que afecta a nuestra sociedad y que se ha disimulado, en parte, con las aportaciones laborales de la emigración pero que acentúa su gravedad cuando las circunstancias económicas hacen disminuir el flujo migratorio.

La familia no es solo una distribuidora-receptora de subvenciones cada vez más difíciles de mantener sino la célula promotora del equilibrio natural de la población. Solo la ceguera del mal llamado progresismo explica no comprender que el mandato bíblico de «creced y multiplicaos» no es una norma moral sino el principio básico para que sea sostenible una política social progresiva. La familia no es una institución mortecina que se reparte los residuos y reservas del pasado, sino la clave del futuro de un pueblo con vitalidad y fuerza de trabajo.