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Acusados que han declarado en el juicio que ha comenzado este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña por presunta trata de seres humanos con fines de explotación sexual han negado que se les obligase a ejercer la prostitución.
Por estos hechos, se juzga a cuatro personas, tres de Paraguay y una de Venezuela, familiares entre ellos. Una de las acusadas, mujer de otro procesado, ha asegurado que eran las personas a las que captaban, según la Fiscalía, las que mandaban fotos para publicarlas en redes. «Con un porcentaje del 50%», ha asegurado.
«Si no trabajaban a porcentaje, tenían que pagar el alquiler que les incluía todos los servicios», ha manifestado para asegurar que eran ellas las que le daban el dinero para ingresar en la entidad bancaria y que ella «les comprababa los billetes». Mientras, ha asegurado que la cocaína que había en un piso era de su marido, no para clientes.
A su vez, este aseguró que trabajaba como pintor y expuso que la droga era suya. Mientras, argumentó que tenían «libre albedrío de hacer lo que ellas quisieran». «No somos personas inhumanas, ellas llevaban el control de su tiempo», aseveró en otra parte de su declaración.
DETENCIÓN
El arresto de estas personas se produjo como resultado de una investigación policial entre los años 2019 a 2023 en la que, recoge el escrito de calificación fiscal del Ministerio Público, se constató la existencia de una trama organizada en varios pisos de las localidades de Ferrol y Narón, con relación, además, con otros delitos.
El operativo se realizó conjuntamente con la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual del Ministerio Público de Paraguay e Interpol.
Fiscalía sostiene que los acusados acordaron en 2019 una distribución de funciones en la que dos de ellos ostentaban una posición de superioridad y jerarquía mientras que otras dos se encargaban del control en los pisos.
Los procesados, añade, también obtenían sustancias estupefacientes (cocaína) y viagra para proceder a su venta a los clientes que acudían a los pisos donde se ejercía la prostitución.
En Paraguay, donde se sigue procedimiento por los vínculos que con ese país mantenían los acusados con otras personas para el desarrollo de esta actividad delictiva, captaban a mujeres jóvenes vulnerables que conocían directamente o por otras personas.
Les gestionaban luego el viaje a España, que luego les reclamaban, además de obligarlas, recoge la calificación fiscal, a ejercer la prostitución sin «opción de descanso».
Fiscalía imputa delito continuado contra la inmigración ilegal, contra la salud pública, trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, entre otros delitos con penas que van desde los diez años de prisión hasta los cuatro, con pago de resonsabilidad civil.
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