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Enrique Barrera Beitia
Con el lema “Opa Ferrol”, el candidato del PP a la alcaldía de nuestra ciudad priorizó su oferta electoral en la bajada de impuestos. Transcurrido un tiempo prudencial, es indiscutible que nos los ha subido.
El aumento del IBI aprobado el pasado lunes sumará a las arcas municipales alrededor de dos millones de euros, y el aumento del 40% en el recibo del agua y saneamiento añade aproximadamente un millón cien mil euros anuales para los comerciantes y los 36.794 usuarios domésticos. Además, hay alrededor de ochocientos mil euros cobrados de más para SOGAMA, por lo que podemos cifrar en unos cuatro millones de euros el aumento de la presión fiscal en el primer año del mandato.
Durante la campaña electoral, JM Rey Varela criticó la voracidad recaudatoria del concello en multas de tráfico, abogando por retirar cámaras y eliminar el radar de A Malata. El resultado ha sido pasar de recaudar 2.7 millones a 2.2 millones, pero este cuestionable beneficio no se reparte equitativamente entre los contribuyentes, sino entre aquellos conductores beneficiados por la relajación de las normas, y no todos son vecinos de Ferrol.
Como no ha habido las prometidas rebajas en tasas e impuestos, es fácil echar las cuentas y llegar a la conclusión de que cada ferrolano/a pagará 61.5 euros más al año.
Pero no termina aquí el incumplimiento de la principal promesa electoral, porque en los comedores escolares de la ciudad utilizados por alrededor de 400 estudiantes, los padres tendrán que pagar respectivamente, un 20% y un 50% más por los almuerzos y comidas, y como son 185 días de asistencia a clase, supondrá para estas familias un gasto extra de 340 euros. El esfuerzo municipal es mínimo, ya que sólo abona la tercera parte de lo que pagan unas familias que en su mayor parte están en difícil situación, ya que las rachas de fortuna van y vienen a lo largo del año, y esos cuatrocientos escolares no son siempre los mismos.
No cabe justificar todo esto recurriendo a la tradicional excusa de la “herencia recibida”. Como todos sabemos, en el acto de investidura de los nuevos alcaldes el interventor hace lectura pública de la situación financiera, y en nuestro caso no se señaló ninguna anomalía ni tensiones de liquidez, por lo que el deterioro de las arcas municipales se ha tenido que producir necesariamente con la nueva corporación.
Es cierto que en el caso de Emafesa, sí existía una situación financiera desequilibrada, pero todas las
tentativas del anterior alcalde para ir saneando sus cuentas se toparon con la oposición cerrada de los
demás partidos, Partido Popular incluido.
Es evidente que no se dice lo mismo estando en la oposición que en el gobierno, pero no menos cierto es que si en las campañas electorales se repiten propuestas incongruentes, es porque siguen funcionando. Si un candidato a la alcaldía dice que reducirá impuestos y que al mismo tiempo aumentará el gasto público, porque la ciudad necesita inversiones, hay que preguntarle de donde sacará el dinero, y sólo hay dos respuestas posibles. La primera es recurrir al endeudamiento, lo que significa que los posteriores alcaldes tendrán que asumir la impopular tarea de reducir partidas económicas para devolverlo. La otra opción es eliminar el gasto superfluo, pero esto es demagogia pura, porque este supuesto despilfarro no existe.
Puede que haya pequeños gastos superfluos pero nunca en cantidades suficientes para compensar una bajada de impuestos. Independientemente del color político del alcalde, las administraciones locales llevan mucho tiempo estirando al máximo sus recursos.
