Movilización del personal de la empresa Maitours, del grupo ALSA, en Ferrol

El personal de la empresa Maitours, del grupo ALSA, que se encarga del transporte urbano en Ferrol, Narón y Neda, y que esta en huelga indefinida desde el pasado 15 de julio, se concentrará este martes 6 a las 11.30 horas ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, en la plaza de España.

Desde el sindicato CIG reclama la inmediata aplicación del convenio provincial, para que se dé cumplimiento a lo que dice la legislación laboral: que ningún convenio de empresa puede estar por debajo del provincial.

El servicio del transporte de viajeros por carretera de Ferrol y comarca lo presta una UTE formada por Maitours e Intercar. Aunque ambas empresas pertenecen al grupo Alsa y el personal realiza el mismo trabajo, Maitours aplica el convenio de la extinta Tranvías de Ferrol, mientras que Intercar aplica el convenio provincial del sector, con mejores condiciones económicas y laborales.

Esta divergencia implica que, además de no tener las subidas salariales recogidas en el convenio provincial, el personal de Maitours tampoco tiene reconocidos conceptos como dietas o antigüedad.

MENORES SUELDOS

Esto supone que un trabajador de Maitours con 18 años de antigüedad está cobrando alrededor de unos 1.200 euros brutos, lo que provoca una diferencia de entre 400 y 600 euros con el resto del personal, al que se le aplica el convenio provincial.

Según la CIG, la reciente reforma laboral recoge que esta situación no puede continuar y según Xesús Pastoriza, de esta organización, la empresa sigue escudándose en una sentencia anterior a esa reforma, dictada a raíz del conflicto colectivo presentado por la negativa de Maitours a asumir las condiciones contempladas en el convenio provincial.

La sentencia reconoce que el convenio por lo que se debe regular Maitours es el del transporte de viajeros de A Coruña, pero deja la materialización de este cambio a su publicación del convenio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Pastoriza cuestiona, no ya que se incumpla la legislación vigente, sino que mismo se niegue a equiparar las condiciones económicas cuando lo que sí que se publicaron fueron las tablas salariales. «Entendemos que una vez hecha pública, la parte económica tendría que hacerse efectivo de inmediato en materia de salarios, antigüedad, dietas y demás», apunta.

Además, el representante de CIG asegura que hubo «una mediación que duró una hora, porque la empresa se negó a entrar en las cuestiones económicas», ya que «no se negoció nada, cuando las partes están obligadas a negociar de buena fe», ha asegurado.

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