La oportunidad perdida de Recimil (1993)

Enrique Barrera Beitia

No hay duda de que nuestro barrio con peor convivencia es Recimil, donde parece que sólo viven los que no pueden vivir en otro barrio. “A mí me dan una casa aquí y no la quiero, aunque no tenga que pagar nada”, dijo a un conocido periódico una vecina de las que no pueden “escapar”.

Son algo más de mil pisos de propiedad municipal alquilados a precios tan irrisoriamente bajos, que no cubren ni el 10% de los arreglos que el municipio debe hacer como propietario, pero el verdadero problema radica en que alrededor de la mitad de estas casas están ilegalmente “okupadas”.

Sin embargo, hubo un momento en que pudo darse un cambio radical a todo esto. Fue en 1993 y yo fui precisamente el concejal que hizo una doble propuesta, en paralelo a un proceso de depuración del censo de residentes, con legalizaciones y entrega de algunas viviendas tras desahuciar a personas especialmente conflictivas. Los que no se acuerden de este episodio pueden recurrir a la hemeroteca, pero ya les adelanto que supuso para mí una situación muy violenta, que me penalizó personal y políticamente. Sin duda planteé el asunto de manera torpe, pero sobre todo pequé de ingenuidad.

La primera propuesta era la más ambiciosa y suponía una importante mejora estética de Ferrol, pero también era demasiado compleja de ejecutar, y a “toro pasado” hubiera sido mejor omitirla. Se basaba en el interés de un grupo inmobiliario coruñés para hacerse con la parcela del barrio del Recimil. Las viviendas serían derribadas y se construiría un barrio para residentes de clase alta y media, con un hotel y un centro comercial. El ayuntamiento debería ceder gratis los terrenos necesarios para reubicar a los vecinos, que vivirían lejos del centro de Ferrol, pero en viviendas entregadas gratuitamente. Esta propuesta fue acribillada desde todos los lados, principalmente por parte de los representantes vecinales, porque Recimil está bien situado, y era lícito que desconfiasen de lo que los promotores les entregarían a
cambio.

La segunda propuesta era más modesta pero mucho más sencilla de ejecutar, porque los problemas legales tenían una solución razonablemente fácil. Se trataba de vender a un precio testimonial las viviendas a sus inquilinos, y de esta manera los contribuyentes ferrolanos dejarían de costear las reparaciones. También fue muy criticada, y todavía me pregunto quien podía estar interesado en ocultar que la compra podría ser de un € más los gastos de notaría. El caso es que circuló el rumor de que “alguien quería hacer negocio”, y esa falsedad fue la que finalmente caló en muchos vecinos. Recuerdo que quise asistir a una asamblea vecinal celebrada en el salón de actos del “Sofía Casanova” y explicarlo todo, pero los convocantes me prohibieron la entrada.

Créanme si les digo que no redacto este artículo para reivindicarme, porque repito que sin duda cometí errores, pero fue la única propuesta que hubo para intentar cambiar el rumbo que este barrio llevaba, porque ya era evidente entonces que la lucha contra los okupas y el mercado paralelo de alquiler, necesitaba una vigilancia policial y burocrática incompatible con los escasos recursos municipales. Con el
tiempo me he preguntado si el resultado hubiera sido otro en el caso de haberlo planteado de otra manera, y la triste respuesta a la que he llegado ha sido que todo estaba condenada al fracaso. La consecuencia, coincidirán ustedes conmigo, ha sido dejar que este problema se pudriera.