Revancha derogatoria

Gabriel Elorriaga Fernández/
Es sorprendente la convergencia de grupos parlamentarios para conseguir que la prisión permanente revisable desaparezca del Derecha Penal español sin otro razonamiento que por haber sido establecida por el Partido Popular cuando este gozaba de mayoría absoluta. El argumento de que es contradictoria con la intención rehabilitadora de las privaciones de libertad es un sofisma insostenible. El principio de rehabilitación es una causa noble pero no una consecuencia forzosa de la aplicación de la pena. No es un hecho automático que un plazo delimitado de condena suponga un proceso de rehabilitación por sí mismo y sin contar con la voluntad del presuntamente rehabilitado. Lo cierto es que, según nuestro concepto de la pena, esta deberá cumplirse con los métodos y condiciones que promuevan la posibilidad de rehabilitación del penado si esto es posible.

Una interpretación humanista de la pena no la concibe como un simple castigo y, mucho menos, como una venganza. Pero sí como una defensa de la sociedad frente a la delincuencia reiterada y agresiva. De lo contrario no se entiende la graduación de las penas según la gravedad de las conductas. Si la rehabilitación fuese el determinante absoluto del plazo de las condenas estas se deberían interrumpir inmediatamente en cuanto la conducta del condenado arrepentido diese muestra fehaciente de su benéfica transformación.

Por ejemplo, que se convirtiese sinceramente a una religión pacifista o a una orden mendicante en vez de la propensión a seguir matando o a seguir robando. Pero no basta la voluntad del condenado para interrumpir el cumplimiento del plazo de una pena, aunque dicha conducta de lugar a ciertos beneficios concurrentes a facilitar su gradual reincorporación a la vida social. Porque el cumplimiento de un plazo de privación de la libertad del delincuente no se establece solo para rehabilitarlo sino para también defender a la sociedad del delito, no por ánimo de penitencia sino por razones de seguridad. Por ello, los mismos parlamentarios que ahora ponen remilgos a la prisión permanente revisable no la pusieron a la exigencia de cumplimiento íntegro de las penas en delitos de terrorismo. No basta que una organización terrorista haya decaído en su saña, como no basta en los crímenes de guerra con la noticia de que se haya reestablecido la paz por un armisticio.

El alejamiento de los contactos sociales habituales de personas que han manifestado una propensión al crimen es una cautela defensiva que resulta lógica en el caso de individuos de peligrosidad extrema cuya rehabilitación ha fracasado psicológicamente o se ha demostrado imposible por la resistencia a cooperar por parte del condenado. Por ello no existe ninguna opinión internacional que considere antidemocrática o inhumana la permanencia de una privación de libertad que mantiene abiertas las posibilidades de su revisión de producirse un cambio evidente de las circunstancias personales del condenado.

No parecen conscientes los legisladores de la responsabilidad que contraen al facilitar, en nombre de un proceso de rehabilitación fracasado la reiteración de los crímenes de delincuentes en serie o de sádicos insaciables cuando se disponen a imponer, por la fuerza de sus votos, la liberación a plazo fijo de sujetos de previsible reincidencia en las mismas monstruosidades. Tampoco parecen conscientes quienes anuncian su abstención, facilitando con ella la derogación de la norma, con una imperdonable indiferencia. Es imperdonable que cuando todos los sondeos indican que el ochenta por cien de los electores consideran conveniente la existencia, en los casos concretos que se contemplan, de la prisión permanente revisable, los representantes del voto popular se dejen llevar de un afán derogatorio más inspirado por un revanchismo partidista contra quien pudo y ahora no puede que por un sentimiento popular.

Dicho todo lo dicho, también es sorprendente la pobre respuesta que el Partido Popular está haciendo en defensa de una norma de su propia iniciativa que, en estos momentos, está apoyada por el ochenta por cien de la opinión pública. Da la impresión de que teme manifestarse tal cual es y prefiere pasar página cual si se tratase de un asunto de trámite en el vulgar desenvolvimiento del juego parlamentario en el que unos días ganan unos y otros los contrarios, como si tal cosa. Es lamentable el descuido en la defensa de los principios que mantenían la lealtad de sus votantes durante décadas sin percatarse de que la tibieza de su discurso es la clave de las fluctuaciones negativas de la opinión que lo sitúan cerca de los abstencionistas por la frialdad en la exposición de sus convicciones, recortando el margen de confianza de sus potenciales electores.