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El director de Operaciones de San Fernando se ha desplazado a Riad esta semana con un equipo de técnicos para avanzar en su firma
(Javier Rodríguez-LVdC)- La firma del contrato con Arabia para la construcción de cinco corbetas en el astillero de San Fernando se resiste. La crisis política que vive el país tras una operación contra la corrupción ordenada por el príncipe Mohamed Bin Salman, el mejor posicionado para la sucesión, ha desatado la inestabilidad entre los círculos saudíes de poder. La decisión del príncipe se ha llevado por delante a once príncipes, cuatro ministros y varias decenas de ex ministros y empresarios. Esta situación de incertidumbre ha puesto en alerta a la plantilla del astillero isleño que, como adelantó La Voz de Cádiz el pasado lunes, teme que salpique a la firma del contrato naval. No obstante, una delegación de técnicos de Navantia se encuentra en Arabia apuntalar el acuerdo.
El monarca español Felipe VI viajó a mediados del pasado enero a Riad en compañía de empresarios y de los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna, y de Exteriores, Alfonso Dastis, para impulsar algunas inversiones que España tiene con Arabia, entre ellas, el contrato naval que persigue Navantia y la culminación del AVE a la Meca, que pilota un consorcio de constructoras españolas. El viaje fue fructífero y el Rey de España, según se destacó entonces, despejó el camino para que su homólogo saudí, Salman Bin Abdulaziz, firmara el contrato definitivo para la construcción en el astillero isleño de cinco barcos militares, cuya inversión supera los 2.000 millones de euros y. Esta obra prevé dar trabajo a unas 3.000 personas en la Bahía de Cádiz y es el flotador que necesita Navantia para sanear sus cuentas. Esta empresa pública arrojó el pasado año 303 millones de euros de pérdidas.
Navantia insiste en que el acuerdo con Arabia para la construcción de los cinco barcos sigue vivo y no peligra. Este periódico ha podido saber que una delegación de ejecutivos de Navantia se ha desplazado esta misma semana a Riad para avanzar en la firma del contrato. Entre los ejecutivos que se encuentran en Arabia destaca el director de Operaciones y Negocio del astillero de San Fernando, el ingeniero José Antonio Rodríguez Poch.
Incertidumbre
Como se recordará, el nombramiento el pasado abril de Esteban García Vilasánchez como presidente de la compañía significó un impulso para los astilleros públicos y la implantación de una nueva estructura organizativa. Tras reordenar el primer escalón, Vilasánchez metió mano en verano a los puestos directivos intermedios y creó nuevas unidades de gestión. Así, en el caso de la Bahía de Cádiz,
Las competencias en materia de dirección de las plantas de Puerto Real y San Fernando siguen en manos de Pablo López , pero se nombró a Rodríguez Poch director de Operaciones para San Fernando con el ánimo de agilizar la gestión.
Este ejecutivo trata ahora en Riad de acercar posturas y acelerar la firma definitiva de un acuerdo por valor de 2.000 millones de euros. Navantia insiste en que este tipo de viajes a Riad son frecuentes, aunque se ignora aún cuando el monarca saudí firmará el contrato de obra. El último movimiento entre España y Arabia sobre este asunto fue la firma del contrato de confidencialidad que ambos países firmaron en Madrid el pasado agosto para el desarrollo de la obra.
El contrato con Arabia mantiene a la dirección de Navantia en vilo debido a las consecuencias de futuro que supone su firma. El nuevo presidente de la compañía, Esteban García Vilasánchez, viajó el pasado mayo a Riad con toda la documentación del contrato. Vilasánchez fue nombrado presidente de Navantia en abril, en sustitución e José María Revuelta, y el viaje a Arabia fue el primero que apuntó en su agenda como nuevo ejecutivo de la compañía española.
La crisis política que sacude a Arabia no es único contratiempo que afecta a los intereses de Navantia. Esta misma semana, el Ministerio de Defensa ha anunciado la contratación de un tercer Buque de Acción Marítima (BAM) para la Armada, sin embargo, el procedimiento para su adjudicación ha variado. Hasta ahora, los astilleros públicos eran proveedores preferentes de la Armada y los encargos de obra recaían directamente sobre ellos. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado octubre en el Congreso, implica la adaptación de nuestra norma a la legislación europea para ganar en transparencia. Por ello, el nuevo contrato de construcción militar se llevará a cabo a través de un concurso público de libre concurrencia, lo que significa que Navantia tendrá que competir con otros astilleros para lograr el contrato. La plantilla de la factoría de San Fernando denuncia que la empresa no puede garantizar la carga de trabajo bajo estas nuevas condiciones.
