La fiscalía pide para el supuesto osteópata ferrolano 334 años de prisión por varios delitos

La Fiscalía pide para J.M.L.P., conocido como Coté, el supuesto osteópata ferrolano, penas que suman 334 años de prisión por un homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones con deformidad, 63 de lesiones con uso de instrumento peligroso, blanqueo de capitales, intrusismo profesional, estafa agravada y falsedad de documentos oficiales, entre otros.

Así lo recoge en su escrito de acusación, de 65 páginas, y que presentó esta semana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, que se ocupa del procedimiento.

Con todo, el propio escrito recuerda que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo de las penas de prisión no podrá exceder de 20 años, si bien se interesa que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.1, se declare expresamente en la sentencia que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas.

El fiscal Román Ruiz Alarcón, en un documento con fecha 11 de enero, hace un relato de cómo el acusado, durante al menos los cinco años anteriores a su detención en 2008, «vino atribuyéndose públicamente la condición de médico y ejecutando actos médicos pese a no contar con más estudios que el bachillerato y carecer de las aptitudes mínimas necesarias para ello».

 «Bajo tal impostura y aprovechando además el nombre, crédito y firma de otros auténticos profesionales de la medicina, consiguió atraer a su local de Ferrol al que después sumó otro en Viveiro a centenares de personas a las que cobraba importantes sumas de dinero por aplicarles falsos tratamientos dirigidos supuestamente a sanar enfermedades reales preexistentes, en algunos casos, o enfermedades inexistentes que él mismo ideaba y decía diagnosticar, en otros», expone.

Así, relata el caso de 129 pacientes que acudieron a Coté con algún dolor y fueron diagnosticados de otras supuestas enfermedades, y a los que el falso médico aplicó tratamientos y cobró las correspondientes cantidades.

Las cuantías, según las personas y las fechas, oscilaban «entre los 20 y los 100 euros por consulta y los 500 y los 15.000 euros por intervenciones», según apunta el fiscal en su escrito de acusación. «Todas esas cantidades eran pagadas en metálico y en casi ninguna ocasión se extendía factura ni recibí de ninguna clase», añade.

Además, explica que el acusado confeccionó, «por imitación o ideación libre, decenas de títulos y certificaciones de distintos centros docentes y sanitarios españoles y extranjeros».

Algunos de esos simulados títulos y certificaciones, incluso «permitieron al acusado participar el mes de julio de 1999 en una reunión de trabajo con miembros de la Universidade de Santiago de Compostela».

A lo largo de esos años de actividad «delictiva», según subraya el fiscal, el acusado llegó a obtener unas ganancias «ilícitas» en metálico de al menos 4.475.524,08 euros y 4.945,78 dólares.

LA ACUSADA

Mientras, la acusada, M.S.R.G., su esposa, «hacía suyos la mitad de los ingresos procedentes de la actividad delictiva de su marido y gozaba de la plena disponibilidad de los mismos».

Ella, según constata la Fiscalía, «trabajaba en las supuestas clínicas realizando labores administrativas auxiliares de modo que era perfecta conocedora de la fuente de esos ingresos». «Sabía que el acusado carecía de cualquier cualificación para el ejercicio de la medicina y que por ese motivo ya había sido condenado por intrusismo profesional», incide.

No obstante, agrega, «decidió conscientemente colaborar con el acusado al propósito de evitar en la medida de lo posible que se conociese la fuente de los ingresos, la identidad de su perceptor y el funcionamiento mismo de las clínicas».

Él, por su parte, «mantuvo dichas ganancias ocultas a la Hacienda Pública, a la que dejó de ingresar en cada uno de los ejercicios comprendidos entre los años 2002 y 2007 más de 120.000 euros por cada uno de los conceptos impositivos de IVA e IRPF».

PENAS

Así las cosas, y tras tipificar los hechos, el fiscal Román Ruiz solicita para Coté nueve años de prisión por los delitos de intrusismo, continuado de estafa y continuado de falsedad, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 18 meses de multa con cuota diaria de 9 euros.

Por el delito de homicidio por imprudencia grave pide cuatro años de cárcel también con accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio.

Seis años de cárcel los solicita por el delito de lesiones con deformidad, con la misma accesoria; y por cada uno de los 63 delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso demanda cinco años (315 en total), también con esa accesoria.

Subsidiriamente, por el delito contra la hacienda pública, en caso de absolución por cualquier motivo por el delito de estafa, pide cuatro años de prisión con accesoria de inhabilitación para el sufragio el tiempo de la condena.

A la acusada, entiende que procede imponer una pena de tres años de prisión con accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio por el delito de blanqueo de capitales.

DECOMISO DE LAS GANANCIAS

Además, el fiscal afirma que procede decretar el decomiso de todas las ganancias procedentes de la actividad delictiva del falso médico Coté.

Establece también, en concepto de responsabilidad civil, que indemnizará a 116 afectados por los honorarios y gastos de pruebas y de desplazamiento y a otros 51 por las lesiones y secuelas ocasionadas (en ambos casos, en la cantidad que se determine en juicio oral).

Asimismo, pide que abone 105.000 euros a los padres de un paciente o en su caso a otros parientes que se determinen por la muerte ocasionada por imprudencia.

En caso de condena por el delito de fraude fiscal, apunta que habrá de indemnizar a la Hacienda Pública en 1.214.825,53 euros correspondientes a la cuota defraudada, y en la que se determine en el juicio oral o en ejecución de sentencia por la que haya alcanzado el total de la deuda tributaria.

Por último, Fiscalía, en su escrito, solicita «expresamente» que se mantengan las medidas cautelares personales y reales acordadas en la presente causa.