Se pide, una vez más, la paralización de actividades de Reganosa, ante las distintas sentencias del TS

Fot. Luís Mª Taboada
Fot. Luís Mª Taboada

Que se paralice la actividad de la planta de Reganosa a la vez que se muestra la satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo han sido los dos puntos clave de la rueda de prensa celebrada a las doce de la mañana de este viernes en el salón de aftos del Ateneo Ferrol convocada por el Comité Cidadán de Emerxencia para a ría de Ferrol. Una rueda de prensa en la que los miembros del comité estuvieron acompañados por la primera teniente alcalde del concello de Ferrol, Beatriz Sestayo, los ediles Suso Basterrechea, Iván Rivas, Sainza Ruíz, Germán Costoya y Rosa Méndez,  la diputada de En Marea la ferrolana Yolanda Díaz, Manuel Cardoso y Lucía Vizoso de Espazo Equo; Miguel Castro, coordinador de EU de Ferrol, Celso Posada, coordinador en Galicia y miembros de la Ejecutiva Federal de Partido Socialista y Republicano y Enrique Barrera, de la ejecutiva local socialista, así como de la asociación de vecinos de Mehá, en Mugardos.

Por parte de los miembros del comité cidadán se insistió en la necesidad de la paralización inmediata de las actividades de Reganosa ante las sentencias del Tribunal Supremo en torno al plan de emergencias y la autorización administrativa para las instalaciones. El plan pertenece al año 2007 aunque Reganosa señala que está en vigor un nuevo plan desde el 2013, pero Manuel Rodríguez Carballeira, «Lalán» presidente del comité indicaba que el plan actual es una modificación simple del anterior.

«El plan de emerxencia fue anulado por el Supremo en base a tres elementos, por carecer el emplazamiento la cobertura urbanística, porque no tiene autorización administrativa previa y porque no tiene autorización de ejecución del proyecto. Esas son las fases de porque se anula el plan de emerxencia exterior» señaló «Lalán.

Se destacó que «la batalla continúa» y no se conforman con esas sentencias «que no cumple la empresa, y que hay que hacer cumplir» sino que el asunto será llevado ante la Unión Europea y el Congreso de los Diputados por AGE y En Marea. También se informó que en próximas fechas, después del periodo vacacional, se llevara todo el tema al juzgado especialmente en lo que se refiere al acuerdo del consejo de ministros sobre el informe medioambiental y la validación de la autorización administrativa.

Los miembros de la corporación, Sestayo, Basterrechea y Rivas señalaron el compromiso unánime en contra del «funcionamento fraudulento da planta de Gas de Mugardos e esixiron ao executivo en funcións de Mariano Rajoy e á Xunta de Galicia que acaten as sentenzas  xudiciais que avalan a ilegalidade da planta de gas de Mugardos».

Sestayo, entre acusaciones a la Autoridad Portuaria, a la Xunta y al gobierno centrol manifestó que «É evidente que estamos ante gobernos insubmisos ante sentenzas do Tribunal Supremo», denunciando en referencia al ejecutivo en funciones y a la Xunta de Galicia, que cualquier ciudadano incurriría en «delito de desobediencia» de actuar de este manera, así como «nunha situación de dereito insostible».

En la mesma linea se pronunció Suso Basterrechea que manifestó que se trata de una «infraestrutura ilegal, inmoral e perigosa», con «fortes implicacións no campo da política e dos poderes económicos», y con una situación «escandalosa».

Por su parte Yolanda Díaz que destacó que esta nueva sentencia del Tribunal Supremo «es un nuevo varapalo contra las intenciones de continuar con esa planta de gas, denunciando que desde el inicio del proyecto de la planta de gas se constituye un caso de ilegalidad masiva en su proyecto.

Desde el origen de la planta de gas es un caso de ilegalidad masiva, de corrupción fragante , pero lo mas preocupante es que da exactamente igual, están poniendo en total riesgo , ahí está la sentencia del Supremo, sin que les tenga ninguna preocupación la cuantiosa población del conjunto de la zona de Ferrolterra.

Estamos gobernados por un lado por dos ejecutivos, el gallego y el español, y además Reganosa tiene muchos cómplices, muchos aliados, como se demuestra cuando el gobierno español actuó de manera rápida y vulnerando todo el sistema normativo les exime de determinados informes, son sátrapas que solamente les importan beneficios muy relevantes a costa de los ciudadanos.»

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