La Fiscalía archiva la denuncia de Esther Fontán y de la AAIMS contra Coté

El fiscal Jefe de Area de Ferrol, Román Ruíz Alarcón ha notificado un Decreto de Fiscalía mediante el cual comunica a las partes el archivo de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por Esther Fontán Prado en nombre de la AAIMS contra Coté López, por supuestos delitos contra la salud pública, la seguridad y salud de los consumidores y quebrantamiento de medidas cautelares, «por no existir indicios bastantes para sostener la acción penal», en Palabras del propio Fiscal Jefe.

Las diligencias de investigación penal 48/15 se iniciaron en Julio de 2015, cuando Esther Fontán Prado y su asociación, «tras años de seguimientos y pesquisas», en sus propias palabras, presentaron ante la Fiscalía Provincial de A Coruña una denuncia contra Coté y otras personas, atestiguando que fabricaba en su domicilio productos que con la ayuda de estos terceros, que vendía por Internet y que podrían suponer riesgos para la salud de los consumidores.

Al hilo de esta denuncia, convocó a los medios a una rueda de prensa y propició la aparición de una serie de noticias, en las que con la finalidad de crear alarma entre los adquirientes del mencionado producto, llegando a afirmar que contenían entre otras sustancias “metales pesados» que representarían un grave riesgo para la salud.

DILIGENCIAS SECRETAS Y POLICIA «A LA CARTA»

La denuncia refleja que Coté podría estar incurriendo en quebrantamiento de medidas cautelares, impuestas por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Ferrol, en las que se recogería una supuesta prohibición para la actividad relativa al contenido de la denuncia. En dicha denuncia, Fontán Prado, solicitaba la incoación de diligencias de investigación, que éstas se declararan secretas y que se designara concretamente a un determinado Inspector de la UDYCO  como responsable de la investigación.

La Fiscalía Provincial de A Coruña remitió la denuncia a la Fiscalía de área de Ferrol, cuyo Fiscal Jefe notificó a los denunciados la existencia de la misma, contrariamente a lo solicitado por la asociación denunciante.

En noviembre de 2015, y ante esta situación, la asociación denunciante compareció ante los medios, manifestando su desacuerdo con la actuación de la Fiscalía y declarando abiertamente, no sólo el contenido de la denuncia, sino la apertura de Diligencias de Investigación Penal, por los hechos denunciados, considerándolos ciertos y publicitando los mismos sin reserva alguna, aún cuando la investigación sobre dichos hechos no había hecho más que comenzar. En palabras de la propias asociación y su presidenta, Esther Fontán, se dice que «la actuación del fiscal precipitó nuestra
salida a los medios» mediante declaraciones, comparecencias y publicaciones en diferentes soportes y foros. En paralelo, la asociación denunciante propició un programa de televisión en una cadena nacional en el que se expuso sin contraste o cortapisa alguno, los supuestos hechos como verdaderos, llegando a manifestar en palabras del abogado que representa a éste colectivo, que poseían «análisis de referencia que constataban el contenido de sustancias peligrosas o tóxicas como metales pesados» en los productos, así como ciertas alusiones a supuestas medidas cautelares que pesaban sobre el denunciado. Dichos «análisis de referencia», según la Policía Judicial, ya demostraban que el producto investigado no superaba los límites reglamentarios de estas sustancias. Ello parecía evidenciar la intencionalidad de los denunciantes de confundir y promover acciones investigadoras sobre la base de una aseveración con conocimiento de su total falsedad, para provocar acciones procesales o diligencias.

ARCHIVO DE LA FISCALIA

El pasado jueves 14 de abril, la Fiscalía notifico la resolución de fecha del día 12, mediante el cual
decretó el archivo de las actuaciones, con un contundente escrito, que abre la puerta a que los afectados por esta denuncia puedan interponer acciones legales contra Fontán Prado, la asociación que preside, y sus colaboradores en la perpetración de estos hechos.

Se manifestó de modo público que el denunciado carecía de capacidad, atribuciones o autorización para las actividades objeto de la denuncia, atribuyéndole un «quebrantamiento de medidas cautelares», algo que la Fiscalía ha desmentido rotundamente.
El decreto de la Fiscalía, basándose en las informaciones obtenidas de organismos oficiales de control y de las propias pesquisas llevadas a cabo por la Policía Nacional y la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, detalla y declara la total legalidad de las actividades objeto de investigación, la inexistencia de riesgo alguno para las personas, la seguridad de los productos y el estricto cumplimiento por parte de la empresa, de las normas administrativas de elaboración y comercialización, sin infracción o incumplimiento de clase o naturaleza alguno, así como la inexistencia de cautelar personal contra Coté en causa alguna que le impidiera realizar las actividades relacionadas con los hechos investigados.

ACCIONES LEGALES CONTRA LOS PERPETRADORES

Según informaciones recogidas por Galicia Ártabra los equipos jurídicos de Coté, de los co-denunciados y los de la empresa responsable de los productos investigados, analizan en estos momentos, el alcance de los hechos perpetrados por la AAIMS, su presidenta Esther Fontán, su secretario José Novoa Bayón, su abogado José Ramón Sierra y todos los implicados, incluyendo varios medios de comunicación,  de cara a determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas en las que hayan podido incurrir.
En el caso de algún medio de comunicación, cabe recordar que previa a la difusión de las noticias relativas a los hechos ahora constatados como lícitos en su totalidad, dichos medios fueron requeridos y advertidos por parte de los responsables jurídicos de los denunciados, para que rectificaran en sus informaciones, dada la falsedad de las mismas, haciendo éstos caso omiso de dichas advertencias, lo que sin duda supone un agravante de su conducta.

ACOSO, PERSECUCION E «INVESTIGACIONES» ILEGALES

Por su parte, los abogados de Coté, están valorando la solicitud de una serie de medidas tendentes a poner freno a lo que consideran «una situación considerada como de auténtico acoso y hostigamiento, al que tanto Fontán Prado como algunos miembros de su asociación están sometiendo a Coté y a su familia, (incluyendo dos hijas menores de edad), por diferentes medios y acciones, entre ellas, la violenta provocación en la calle y en lugares públicos contra Coté y su familia, los seguimientos, la toma deinstantáneas fotográficas y filmaciones en la calle y en diferentes establecimientos, cámaras delante de su domicilio, y otras actividades rigurosamente prohibidas por ley». En este punto, cabe recordar que Fontán Prado ya ha sido condenada por vulnerar el derecho al honor de Coté, por sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña, y que existe al menos una condena por delito de amenazas, perpetradas por un supuesto «perjudicado», en presencia de sus hijas, menores de edad