«El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno» dice el artículo 99.1 de la Constitución Española.
«Los partidos políticos deben leer el mensaje del resultado electoral, llegar a un consenso para garantizar la convivencia y resolver los problemas ocasionados por el desempleo, la desigualdad y la corrupción» dicen muchos ciudadanos.
El Jefe del Estado debe tener en cuenta lo que desean los españoles para lograr una investidura que garantice la gobernabilidad para gestionar la recuperación económica y social, actualizar el estado de bienestar desmantelado estos últimos cuatro años y posibilitar la reforma constitucional para renovar la arquitectura institucional que solucione los problemas territoriales y de credibilidad social condicionada por un escenario muy plural en el Parlamento, una mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado con el trasfondo de la cuestión catalana.
En sus primeras declaraciones, Mariano Rajoy anunció su intención de formar Gobierno, Pedro Sánchez le mostró su rechazo, Pablo Iglesias dictó sus líneas rojas y Albert Rivera exhibió ansiedad para alcanzar estabilidad política. Luego, el candidato popular convocó al socialista a una primera toma de contacto para negociar su investidura abriéndose a reformar la Constitución y recuperar parte del Estado de Bienestar. La próxima semana conectará con los demócrata-liberales y posteriormente con otras fuerzas políticas. Pero Rajoy trata de obviar su incapacidad política y moral para liderar la reforma institucional española por mirar para otro lado en los muchos affaires de putrefacción que comprometen a su partido. Por otra parte, los barones del PSOE tienen la responsabilidad de ayudar a Sánchez a impulsar las urgencias políticas de España. Ciudadanos con Albert Rivera inicia la andadura parlamentaria con una enorme responsabilidad.
Se habla estos días de un posible acuerdo a la portuguesa. Sinceramente, creo que ahora mismo España no está en un dilema izquierda-derecha, más bien se juega la convivencia, lo que obliga a abrir negociaciones en búsqueda del consenso ordenado por el pueblo español para garantizar aquélla. Los grupos a la izquierda del Partido Socialista muestran una fragmentación difícilmente garante de estabilidad política y la apertura de la ponencia constitucional necesita de un Senado con mayoría absoluta del Partido Popular. Por tanto, si el objetivo capital de la próxima legislatura es reformar la arquitectura institucional no debe obviarse la correlación de fuerzas de la Cámaras, la situación política catalana y los partidos nacionalistas.
En definitiva, Mariano Rajoy no parece estar capacitado para liderar el Gobierno de España, a su vez el Partido Popular tiene la responsabilidad de formar gobierno y es imprescindible para los objetivos de Legislatura. Populares, socialistas y ciudadanos representan más de los tres quintos y de los dos tercios del Congreso y del Senado, entonces tienen la responsabilidad de negociar consensos tirando del resto de los Grupos Parlamentarios.
Esto no ha hecho más que empezar. El encargo de los españoles a los Grupos Parlamentarios requiere mucha conversación, negociación y acuerdo en un tiempo político nuevo para facilitar al Rey la proposición de un candidato viable a presidir el Gobierno de España.