Algunas ideas para la regeneración política.

Enrique Barrera Beitia

No hay ninguna Democracia que funcione sin partidos políticos, por lo que estos son sencillamente imprescindibles. Tampoco se puede obligar a que modifiquen su estructura organizativa alterando el tradicional funcionamiento jerárquico vertical, por otro en red horizontal, pero la Constitución puede y debe obligarles a que funcionen de manera transparente ante los ciudadanos, ya que el artículo 6 de nuestra constitución dice que «Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». Se han puesto encima de la mesa numerosas aportaciones, de las que considero de sentido común tres:

En primer lugar, la financiación pública de los partidos políticos y la prohibición de recibir donativos de empresas.

En segundo lugar, una Ley orgánica que regule en todo el estado el sueldo de alcaldes, concejales y diputados autonómicos.

En tercer lugar, que los ex-presidentes y ex-ministros no puedan compatibilizar su pensión con el ejercicio de actividades profesionales lucrativas, debiendo elegir una u otra vía de ingresos.

Pero a mi modesto entender y sin ninguna pretensión concreta, creo que sería conveniente añadir otras tres, que no las he leído ni escuchado, aunque esto no quiera decir que sea yo el único que piensa en ellas o las propone:

Una sería modificar la ley para que el acta de diputado (tanto de las Cortes Generales como de un parlamento autonómico), senador o concejal,  deje de ser propiedad de la persona y transferirla al partido político en cuyas listas se presentó.

Terminaríamos de esta manera con el poco edificante espectáculo de cargos públicos que expulsados de sus partidos, se pasan a los grupos mixtos. Puede que alguno lo haga para mantener una postura digna y en defensa de los ciudadanos, pero no nos engañemos. Basta con repasar las hemerotecas para comprobar, que la gran mayoría lo hace para defender intereses personales. Además, en bastantes más casos de los que la opinión pública conoce, aprovechan que el acta es de su propiedad para chantajear a su propio grupo.

Otra iniciativa sería modificar la ley para que los cargos públicos juzgados puedan cesar provisionalmente en sus actividades políticas y ser substituidos provisionalmente por otra persona,  para que en el caso de que si, celebrado el juicio, son declarados inocentes, puedan regresar a la actividad política institucional. Si hacemos un ejercicio de memoria, llegaremos a la triste conclusión de que un cierto número de políticos capaces, han tenido que retirarse de la actividad política antes  de terminar la investigación judicial.

Finalmente, la actual prohibición de que los ex-ministros puedan trabajar para empresas que hayan sido afectadas por sus decisiones políticas, debe extenderse a las filiales de estas empresas en el extranjero.

Pero por encima de cualquier legislación, el antídoto más potente contra la corrupción es la propia opinión pública, que en épocas pasadas ha sido desgraciadamente muy tolerante con los políticos corruptos. Es una realidad incómoda y que provoca una reacción enfurecida de ciertos sectores sociales, para los cuales toda la culpa es de los políticos, como si estos no fuesen un reflejo de la sociedad. Es un prejuicio muy arraigado que incluso aparece, nada más ni nada menos que en el Cantar del Mio Cid, la primera narración de la literatura castellana:

–  ¡Dios¡, qué buen vasallo si hubiese buen señor.

O sea, que la culpa siempre es de los que mandan…, desde el año 1200…, o antes.