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La primera teniente de alcalde del Concello de Ferrol, Beatriz Sestayo, anunció esta mañana la puesta en marcha de la Oficina de desahucios y mediación en vivienda de alquiler, donde desde la administración municipal se ayudará a las personas en riesgo de exclusión social y en situación económica precaria a encontrar una vivienda de alquiler y a mediar entre las inmobiliarias o propietarios.
Así lo recalcó la concejala socialista tras la comisión de Bienestar Social, indicando que la oficina, ubicada en el Edificio Social de la calle Sánchez Barcáiztegui, está desde hoy a disposición de aquellos interesados, siendo atendida por un trabajador social que realizará atención social y jurídica.
«Evitar os desafiuzamentos é unha das prioridades do Goberno», explicó Sestayo, haciendo hincapié en la dificultad de muchas personas para mantener sus casas «en aluguer, non só polos prezos elevados, senón tamén polas dúbidas dos propietarios á hora de alugar», indicó con respecto a aquellas personas que buscan vivienda.
Al respecto, Sestayo indicó que «o que facemos dende o Concello con esta inciiativa é centralizar toda a información, traballando con todas as inmobiliarias e facendo acompañamento dos técnicos aos propietarios para tranquilizalos».
En los casos en que las personas cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de emergencia social, se valorará abonar la primera mensualidad (fianza) para que puedan acceder a estos alquileres, estipulados en torno a los 250 y 290 euros.
La medida permitirá de forma paralela una mayor fuildez en el mercado de alquiler de viviendas «sen perxúizo de que dende o Goberno se adopten decisións sobre vivendas públicas en Ferrol, como as do barrio de Recimil. “O emprego e a vivenda son problemas claros nesta cidade e teñen que ser obxecto de acción inmediata», matizó la socialista.
Políticas proactivas
En otro orden de cosas, Sestayo hizo constar los datos de emergencias sociales en lo que va de año, siendo 401 las solicitudes presentadas de emergencia social, habiéndose abonado hasta el momento 287 por un coste de 174.457 euros. Las demás están pendientes de tramitación o en diferentes trámites, añadiéndose 6 solicitudes en alimentación infantil. Además, destacó 22 solicitudes de mayores de 65 años que están fuera de la cobertura de la seguridad social
Calificando la situación social de la ciudad como «preocupante», la titular de Bienestar Social indicó que urge un análisis de la realidad social para hacer un diagnóstico acertado que permita dar respuesta y «non sexa de mera contención, senón de políticas proactivas para erradicar a pobreza e a exclusión social».
