El Pleno de Ferrol aprueba encaminarse hacia la remunicipalización del servicio de aguas

La corporación municipal celebró en la mañana de este jueves, día 30, el segundo pleno ordinario desde las elecciones locales de mayo, donde se aprobaron, entre otras cosas, la adhesión del Concello al «Pacto Social pola Auga», como primer paso para la remunicipalización del servicio, así como la propuesta de modificación de los nombramientos de representantes de la corporación y el personal eventual.

Con respecto al primero, fue a través de una moción del Gobierno local (FeC y PSOE) que sumó los apoyos del BNG y Ciudadanos, mientras que el Partido Popular votó en contra al desconocer todavía los datos técnicos e históricos de lo sucedido, así como de considerar que la Administración local no se responsabilizó de la situación, culpando a la Xunta y a Emafesa.

Al hilo de esto, el Concello se integrará en Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), la cual presta soporte técnico en los procesos para revertir las privatizaciones. Posteriormente, se avanzó que el siguiente paso será la creación de una comisión para el desarrollo de ese pacto de la que formarán parte todos los grupos representados en la corporación.

Paralelamente al caso del agua, el BNG presentó una moción para pedir el inicio de remunicipalización del agua y ejecutar una auditoría a Emafesa tanto en la parte técnica como la económica. El Gobierno local se sumó a esta moción, habiendo ejecutado ya esta demanda a la empresa mixta.

En el apartado de Recursos Humanos, se puso sobre la mesa la propuesta de aprobación en relación a los puestos de trabajo de personal eventual en el Concello, así como de la modificación del anexo de personal eventual aprobado junto con el presupuesto general municipal de 2015. Dicha propuesta –la cual contó con el único receso de la sesión- fue adelante gracias a los votos del Gobierno municipal y del BNG, mientras que Ciudadanos y el Partido Popular adujeron, posicionándose en contra de la misma, que no se ha demostrado todavía su situación y profesionalidad requeridas para su contratación, así como las irregularidades que ha traído consigo al haber cambiado las denominaciones de algunos puestos (como el de gerente por el de asesor). «A aprobación das dúas propostas supón unha redución substancial en número e retribucións con respecto ao mandato anterior cun aforro para as arcas locais de mais de 20.000 euros anuais», declararon por parte del Gobierno local.

Entre las mociones acontecidas, además de la ya citada por el BNG, destacaron la de la supresión de los límites de aforo y del control de acceso al pleno y sobre el compromiso de la aplicación del Plan General de Normalización Lingüística en los concellos y diputaciones, efectuada esta última por Ferrol en Común.

Con respecto a la primera, que contó con el apoyo de todas las formaciones a excepción del Partido Popular, que votó en contra, permitirá que todos los ciudadanos interesados puedan acceder de forma ilimitada a los actos plenarios que celebre el ayuntamiento, así como se permitirá presentar todas las mociones necesarias al mismo sin fijarse tampoco limitación alguna.

Con respecto a la última de las mociones, relativa al compromiso de aplicación del Plan General de Normalización de la Lengua Gallega en los concellos y diputaciones, salió adelante gracias a los votos de FeC, PSOE y BNG, así como la adhesión a la propuesta de la Mesa por la Normalización Lingüística, que ya figuraba en el orden del día, que contó en este caso con el respaldo del PP y solo el voto en contra de Ciudadanos.

Al respecto, Rodríguez Masafret, portavoz de Ciudadanos, quiso incidir en que su formación apuesta por no imponer a los funcionarios como requisito el saber y tener que expresarse en gallego, llegando a mencionar la Constitución para defender su argumento de que en el Estado español se pueden utilizar dos lenguas oficiales en caso de haberlas, como en Galicia. Por su parte, Eva Espiñeira, número dos del BNG, incidió en que los gallegos tienen el derecho de poder expresarse en gallego, así como que la imposición no sería efectuada sobre la ciudadanía, si no sobre los funcionarios y cargos públicos electos.