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La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha solicitado la contabilidad del PSdeG de Santiago y A Coruña, así como de su sede provincial, en relación a los meses de mayo y julio de 2011 y en el marco de la ‘Operación Pokémon’, en la que se investiga una supuesta trama de pago de sobornos a políticos a cambio de concesiones públicas.
En un nuevo auto firmado este miércoles 24 de septiembre, la instructora del caso señala que, de la documentación recibida, «se observa que las supuestas cantidades de dinero entregadas» por el delegado del Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos, «a distintas personas relacionadas» con el PSOE «no se encuentran reflejadas en la documentación oficial contable y/o bancaria aportada hasta la fecha por las distintas sedes».
De esta forma, la jueza pide, en relación al PSOE de Santiago, la información de movimientos bancarios entre mayo y julio de 2011 en una cuenta bancaria, y la contabilidad de ingresos y gastos que figure de la sede de la capital gallega para ese mismo periodo.
En cuanto a la sede del PSOE de A Coruña, solicita los movimientos en dos cuentas bancarias y se dirige a esta formación para que facilite la contabilidad y los ingresos tanto de la agrupación local como de la provincial.
También pide información de una cuenta bancaria del PSOE de Ribeira, sobre ingresos o imposiciones en efectivos durante los meses de mayo, junio y julio de 2011.
TAMBIÉN HABÍA PEDIDO LA DEL PP
El pasado día 12, la jueza también había solicitado la contabilidad de ingresos y gastos –como las cuentas de tesorería– de las sedes provincial y local correspondientes a los meses de mayo y junio de 2011 de A Coruña, Lugo y Ourense y de las locales en el caso de Santiago y Ferrol.
De Lara pidió esta información a raíz de la documentación recibida en la que se observaba la existencia de «supuestas cantidades de dinero entregadas por Tutor «a distintas personas relacionadas con dicho partido sin que se quedasen «reflejadas» en la documentación oficial contable ni en la bancaria.
Al respecto, la jueza señala que esta situación «vendría a confirmar que las personas presuntamente receptoras de tales importes» lo podrían haber hecho «a título particular».
