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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido ayuda al organismo Genocide Network, creado en 2002 por la Unión Europea, para detener a los tres militares de Estados Unidos que fueron procesados por la muerte del cámara ferrolano José Couso, que se produjo el 8 de abril de 2003 cuando las tropas norteamericanas entraban en la ciudad de Bagdad (Irak).
En un auto dictado este jueves,día 24, el magistrado se dirige a la red europea de puntos de contacto en relación con el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, creada por los estados miembros de la UE en el seno de Eurojust, para que pongan en marcha «los mecanismos oportunos para hacer comparecer a los procesados ante la justicia».
En octubre de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número procesó por tercera vez al teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio.
En su auto, en el que denuncia la «clara impunidad» que está existiendo en relación con estos hechos, Pedraz señala que, «pese al tiempo transcurrido y las múltiples diligencias practicadas», ha sido «imposible» hacer comparecer a los tres militares ante la justicia, «ni aún siquiera solicitando la oportuna asistencia judicial a las autoridades norteamericanas, dada la negativa de las mismas».
INTERPOL NO COLABORA
El magistrado apunta que los delitos imputados son perseguibles de acuerdo a la IV Convención de Ginebra, a pesar de lo cual «ni siquiera se han podido insertar» las órdenes internacionales de busca y captura en Interpol porque Estados Unidos ha clasificado los hechos como «un asunto militar».
La Justicia norteamericana se limitó a seguir un «expediente militar» que, a juicio de Pedraz, no reúne «los cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho» ni satisface desde la perspectiva constitucional «las exigencias derivadas de la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva por una justicia independiente e imparcial».
«A ello se une que ni siquiera se han podido insertar las órdenes de busca y captura internacional en Interpol, de forma que otros estados puedan en su caso aprehender a los procesados para luego ser entregados y enjuiciados en el debido proceso», señala el juez.
En este contexto, recuerda que los tres militares estadounidenses están acusados de «una grave violación del derecho internacional humanitario» por lo que considera «un ataque indiscriminado a poblacion civil (periodistas) en concurso con homicidio».
LA SALA AVALÓ LA INVESTIGACIÓN
En junio pasado el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano superior jerárquicamente al juez instructor, permitió a Pedraz seguir instruyendo la causa sobre la muerte de Couso al rechazar un recurso presentado por la Fiscalía.
El Ministerio Público solicitaba que el magistrado cerrara las actuaciones y la Sala valorara si la causa debía ser o no archivada, en virtud de la reforma legal que limita la jurisdicción universal, o sometida al criterio del Tribunal Constitucional. No obstante, el Pleno no se pronunció sobre este extremo al no entrar a valorar el fondo del asunto, según fuentes jurídicas.
Pedraz rechazó el pasado 17 de marzo archivar la causa al considerar que la limitación de la justicia universal que entró en vigor en marzo pasado contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a «perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado».
La nueva normativa establece que los tribunales españoles sólo son competentes para investigar causas de justicia universal cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional.
Couso murió en el hotel Palestina de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003 al ser disparado mientras grababa la entrada de las tropas norteamericanas en la ciudad.
