La Junta de Portavoces de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha acordado este miércoles, día 9, mostrar su rechazo a la supresión de los partidos judiciales en su formulación inicial que recoge el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, dado que, en su opinión, el acceso a la justicia «se puede ver mermado».
MANTENER JUSTICIA DE PROXIMIDAD (REY VARELA)
Con esta decisión, el presidente de la Fegamp, José Manuel Rey Varela, ha querido mostrar su apoyo a las «reivindicaciones para mantener una justicia de proximidad que sea igual para todos, con independencia de donde viven», una reclamación realizada durante los pasados días por distintos alcaldes de Galicia.
«No podemos aceptarlo«, ha explicado el también alcalde de Ferrol, que ha trasladado su «oposición» a la reforma propuesta por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que pretende sustituir los partidos judiciales por tribunales provinciales de instancia.
Según ha informado mediante comunicado de prensa la Fegamp, la «posible centralización de servicios en las capitales de provincia puede dificultar el acceso a la justicia de muchos gallegos«, teniendo en cuenta las «especificidades de Galicia», que determinan la «prestación de servicios», en ámbitos como la dispersión poblacional.
Rey Varela ha asegurado que la reforma propuesta es «negativa, no sólo para los ayuntamientos, sino para los ciudadanos» y ha expresado su «adhesión» a los colectivos profesionales del ámbito de la justicia que han protestado por esta reforma. «Nos alivia saber que la Xunta demanda cambios en esta reforma en la dirección de una atención concreta a las necesidades de Galicia» ha asegurado.
LOS SOCIALISTAS EN CONTRA DE LA ELIMINACIÓN
Por su parte la coordinadora comarcal del SPdG-PSOE, Victoria Gópez López, ha enviado un comunicado en el que señala que «denuncian la atrocidad que supone la supresión de los partidos judiciales que no radican en la capital de provincia, y que afecta por lo tanto A Ferrol y tiene que ver con la reforma del gobierno popularde Mariano Rajoy, a través del ministerio de Gallardón, que afectará a la supresión de 41 partidos judiciales.»
Señala que Beatriz Sestayo que ya había llevado al Parlamento esta cuestión y que obtuvo el voto en contra del PP vuelve a reiterar una nueva batería de iniciativas «ante el empecinamento de Gallardón y el silencio de Feijoo y Rey Varela». «Primero suprimen los derechos, después las instituciones que los protegen». «El PP está desmantelando la Justicia con el taxazo, la privatización de los registros y ahora el desmantelamiento de los partidos judiciales privando a la ciudadanía del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española»
La coordinadora comarcal Victoria Gómez López «hará traslado a las trece agrupaciones socialistas de la comarca para la presentación de este mensaje conjunto en todos los ayuntamientos ante la gravedad de este nuevo ataque a la ciudadanía».
Los socialistas exigen a Rey Varela que ejerza de alcalde» aìnda que seña» en el último año de mandato y por una vez defienda una ciudad desmantelada».
POSTURA DEL BNG
Asimismo el BNG ha enviado un comunicado en el que indica que « manifesta a súa radical oposición ao Anteproxecto de Lei Orgánica do Poder Xudicial que é un paso máis na regresión da administración de xustiza, iniciada coa implantación das taxas xudiciais, coa intención de dificultar o acceso de maioría das persoas, facer unha xustiza cada vez máis inaccesíbel, arredándoa dunha configuración como xustiza universal, e configurándoa como unha xustiza para a grande banca, as grandes empresas e as persoas con recursos económicos.
Para o BNG estamos, pois, diante dunha reforma aberrante, que reforza a estruturación provincial e non ten en conta as nosas particularidades sociais, territoriais, demográficas e de asentamento no territorio. No caso galego, esta proposta é terribelmente lesiva polo factor da dispersión poboacional. Ademais, no canto de achegar unha administración a todas as persoas, o que fai é afastala na maior parte do territorio galego.
Así mesmo compre ter en conta que esta reforma fíxose sen ter en conta a opinión das comunidades autónomas cando estas teñen competencias na dotación e na xestión de medios humanos e materiais. Son, por tanto, as que terán que pagar a aplicación desta lei.
Por outra parte, neste anteproxecto contemplase a desaparición dos xulgados de Paz, que só manteñen as competencias en materia de rexistro civil, até que este non se privatice pasando aos rexistros da Propiedade.»