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La diputada del BNG en el Congreso Rosana Pérez ha presentado una proposición para debate en el Pleno en la que propone al Gobierno una batería de propuestas para reflotar los astilleros públicos de Navantia y salvar los puestos de trabajo.
En este sentido, el Bloque reclama que cualquier plan para Navantia debe pasar por conseguir carga de trabajo, mantener los puestos de trabajo y las condiciones laborales, al tiempo que demanda al Gobierno que cuente con las empresas auxiliares.
Las propuestas del BNG son, entre otras, la necesidad de levantar el veto a Navantia en Fene para construir buques civiles, así como dotar a este centro del necesario personal necesario personal de gestión, técnico y productivo para poder llevar a cabo proyectos en la construcción naval civil.
Además, aboga por cambiar el modelo de producción existente en la realización de bloques por determinados centros, que «después tienen que soportar largos desplazamientos que encarecen los costes de producción».
En concreto, Rosana Pérez pide que se constituyan unidades territoriales con una dirección única, con competencias plenas en la gestión y responsabilidad para optimizar los resultados, las cuales «deben configurarse» como un órgano de coordinación en aquellas actividades «en las que la existencia de economías de escala sean determinantes«.
Negociar con Autonomías
Junto a esto, la diputada del BNG insta al Gobierno a negociar con los gobiernos autonómicos, en donde existen centros de Navantia, su participación en el capital social de la empresa.
Asimismo, Rosana Pérez emplaza al Ministerio de Industria a cumplir en plazo el plan de financiación de sus recursos de construcción, al tiempo que considera «vital que el Gobierno central inicie un diálogo con la Xunta para negociar el traspaso de las competencias exclusivas en relación a los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol» para llevar a cabo un programa de desarrollo económico propio.
También critica como «nefasta la gestión empresarial que produce recurrentes reducciones de capital«, ya que «Ferrol perdió ya miles de puestos de trabajo y no se puede permitir que avance el desastre».
Por ello, carga contra la «actitud pasiva» del Gobierno central, Ministerio de Industria y la SEPI, que «deben de una vez tomar las riendas del problema y trabajar contra reloj afrontando la situación con urgencia».
