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(ABC)-Javier Chicote-.- El caso de la comisiones millonarias de Navantia en la venta de ocho buques militares a Hugo Chávez ha sumado dos nuevos imputados de gran relevancia: Juan Pedro Gómez Jaén, presidente de los astilleros públicos cuando se firmó el contrato con Venezuela, en 2005, y el que fuera su director comercial, Jesús Arce. La juez Rosario Espinosa los acusa de un delito de malversación de caudales públicos por aprobar las abultadas comisiones que la empresa pública pagó a la empresa caraqueña Rebazve Holding Ltd.. De los 43 millones de euros que recibió esta intermediaria, doce fueron a parar a los dos primeros imputados del caso, Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y su socio Antonio Rodríguez Andía, expresidente de la naviera pública Transatlántica. En este caso, la juez los acusa de tráfico de influencias y delito fiscal.
La investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid intenta que Navantia recupere al menos una parte de las comisiones. La empresa pública ha confirmado a ABC las imputaciones de su expresidente y su exdirector comercial, aunque fuentes oficiales aseguran que no se ocupan de la defensa de Gómez Jaén y Arce, ambos desvinculados de la compañía pública. Los astilleros públicos se han personado en el caso como acusación particular, aunque esto no ha ocurrido hasta que el juzgado ha exigido a Navantia que se pronunciara al respecto.
De Estado a Estado
Según distintas fuentes conocedoras de la operación, la venta de los buques patrulleros por 1.245 millones de euros se cerró de Estado a Estado y no se logró precisamente por la intervención de la empresa Rebazve. De hecho, las principales actividades que registraron al respecto tanto Rebazve como los comisionistas españoles son posteriores a la consecución de la venta.
Una fuente interna de la propia Navantia asegura a ABC que la verdadera labor del intermediario venezolano era el reparto de comisiones en España y Venezuela. Tal y como reveló este diario, de los 43 millones de euros (en torno al 3,5 por ciento del total de la venta), doce fueron a una sociedad mercantil de Antonio Rodríguez Andía, quien, a su vez, pagaba seis a Salas Collantes, gestor de empresas públicas en los gobiernos de Felipe González —entre ellas los astilleros que hoy son Navantia, de ahí el posible tráfico de influencias— y hombre de la confianza del entonces ministro Carlos Solchaga. Son estos doce millones de euros los que la Justicia trata de recuperar ahora, ya que echar mano a los 30 que no volvieron de Venezuela se presenta más que complicado. Rebazve Holding Ltd., administrada por Juan Rafael Carvallo y Pedro Enrique Malavé, transfirió una buena parte de sus ganancias a varios militares venezolanos retirados, incluidas transferencias a paraísos fiscales como las Antillas Holandesas. Un abogado que participó en las negociaciones reconoce a este diario distintos grupos en activo «intentaron cobrar su parte por ayudar a que eligiera a los astilleros españoles, pero no todos lo lograron». Los pagos se hicieron siempre a nombre de oficiales ya retirados. Tras las informaciones de ABC, la oposición venezolana exigió una investigación al Gobierno chavista, que nunca ha querido aclarar por qué se pagaron unas comisiones que encarecían los buques que estaban comprando.
La Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) nombró a Juan Pedro Gómez Jaén presidente de los astilleros públicos en mayo de 2004, en el primer «baile» de altos cargos nada más llegar al poder José Luis Rodríguez Zapatero. Gómez Jaén, ingeniero de Minas, había dirigido varias empresas públicas durante los gobiernos de Felipe González, como Hunosa o Potasas del Llobregat. En julio de 2009, cuatro años después de la firma del contrato con Venezuela, fue destituido como presidente de Navantia, aunque lo recolocaron al frente de una filial de los astilleros públicos, Sainsel Sistemas Navales. Tanto Gómez Jaén como Jesús Arce no tienen actualmente cargos en compañías públicas.
Dos imputados más
Los dos primeros imputados, Salas Collantes y Rodríguez Andía, a los que la Fiscalía Anticorrupción denunció hace aproximadamente tres años, han intentado sin éxito que el caso se archive. Su defensa presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para impedir las nuevas diligencias que había solicitado la fiscal del caso.
Pero la Sección Primera de la Audiencia dictaminó el pasado enero que la instrucción debía seguir para comprobar si «se ha podido causar un perjuicio patrimonial al erario público». El tribunal dictaminó que, «dada la complejidad de los hechos objeto de instrucción», «no parece irrelevante la práctica de las diligencias solicitadas por el fiscal».
