El desahucio de una mujer, su hijo de tres años y su madre de la vivienda del municipio coruñés de Cabanas que vendió su marido, contra el que está interpuesta una denuncia por violencia de género, ha quedado aplazado ante las protestas de la «Asociación ve-la luz», «Stop Desahucios» y la Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra.
En torno a medio centenar de personas se concentraron a las 10.00 horas de este lunes día 7, ante la vivienda situada en las cercanías de la playa de Cabanas para tratar de impedir el desahucio. La casa, propiedad de la familia de la mujer, había sido vendida por un proceso «fraudulento», según aseguraron los distintos colectivos, que criticaron el retraso en la instrucción de las denuncias por violencia de género presentadas por la mujer desde hace dos años.
Los participantes en la protesta pegaron en la vivienda, situada en la urbanización «Los Llanos», carteles con frases como «decidí decir ¡basta ya! y encontré maltrato judicial e institucional» y corearon consignas como «vamos a quemar los Juzgados y demás por machista y patriarcal». Con una sentada ante la casa se opusieron al desahucio ante la llegada de una decena de agentes de la Guardia Civil en torno a las 10.30 horas, que no llegaron a intervenir.
El funcionario judicial que se desplazó hasta el lugar, habló con la hermana de la mujer afectada que le explicó que la venta había sido «fraudulenta» y que en la casa vivían además de ella y su hermana, el niño de tres años y la madre de ambas. Aunque el desahucio finalmente no se ha producido, no se ha descartado que se pueda realizar en las próximas horas.
Retraso
Desde la Asociación Ve-la luz, su portavoz Gloria Vázquez, ha criticado en especial el retraso en la instrucción de la denuncia de violencia de género interpuesta por la mujer hace dos años contra su marido y de la que todavía no hay sentencia. La mujer no recibe ninguna ayuda ni tiene ningún régimen de protección, según aseguró.
«El Juzgado de violencia de género de Ferrol falla como escopeta de feria«, afirmó Gloria Vázquez que añadió que «hay constancia, por los últimos casos de asesinatos, como el de Narón, que no ha funcionado y no ha protegido debidamente». Por este motivo, ha instado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y al Poder Judicial a «que se pongan las pilas», «empiecen a formar a los jueces» y «hagan un plan renove porque la plantilla está muy intoxicada de machismo».
La portavoz de la asociación añadió que la vivienda era propiedad familiar de la mujer, pero que el marido, un arquitecto muy conocido en la zona, la habría puesto a su nombre durante el matrimonio. El desahucio se produciría ahora porque la ha vendido a «una persona de su entorno».
Gloria Vázquez ha denunciado además «la falta de ayudas durante dos años» a la mujer, en una situación que asegura que se produce en general en Galicia. «Ninguna víctima que denuncia no se reconoce como víctima hasta que hay sentencia, en Galicia, debido a los recortes, están pasando desamparo judicial e institucional». Según los datos que ha aportado, «no más del 15% de las que denuncian tienen orden de alejamiento, y no más del 17% cobran algún tipo de ayuda».
Argucias
En el caso de la mujer, la situación se ha visto agravada según el colectivo, debido a las «argucias legales» que su marido habría conseguido gracias a «su situación económica y social«. Así, ha señalado que su intención, en su opinión, sería primero desahuciar a la mujer y después reclamar la custodia del niño de tres años.
Los participantes en la protesta se dirigieron en torno a las 11.00 al Ayuntamiento de Cabanas para protestar ante el retraso en el certificado de convivencia, solicitado por la mujer hace cinco meses, y que se ha emitido en las últimas horas.
Los miembros de la asociación Ve-la luz se han reunido con el alcalde de la localidad, Germán Castrillón, que se ha comprometido a que los servicios sociales municipales tramitarán ante la Xunta de Galicia la solicitud de ayudas para la mujer y ayuda psicológica, así como la búsqueda de un abogado que la represente de forma gratuita.
La postura del ex marido
El ex marido de la mujer amenazada de desahucio ha asegurado que la venta de la casa que realizó «no fue fraudulenta» y fue «autorizada por el juez», y no figura como domicilio familiar en la sentencia de divorcio, es decir, como domicilio para el menor de tres años.
En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que en el proceso de divorcio se fijó una vivienda como domicilio habitual, en el vecino municipio de Pontedeume, y que se corresponde con el espacio que anteriormente había sido su estudio para realizar su profesión de arquitecto.
Según ha asegurado, el «juez autorizó la venta de la otra vivienda», situada cerca de la playa de Cabanas, «para poder liquidar la hipoteca contraída» y así hacer frente a los gastos de la correspondiente pensión. La vivienda pertenecía a la familia de la mujer, pero ante las deudas contraídas en una empresa financiera y en otra de agencia de viajes, el hombre compró el inmueble en el año 2009.
«Me puse en contacto con bancos, con la notaría, saldé las deudas y pagué 362.500 euros, para lo que pedí una hipoteca de 290.000 euros«, aseguró. A la vivienda, en la que el matrimonio fijó su residencia, se trasladó con posterioridad su suegra y su cuñada. Sin embargo, la convivencia familiar, según ha afirmado, «se fue enrareciendo» y el hombre abandonó el domicilio en el año 2010.
Todo comenzó cuando puso a la venta la vivienda
En enero del siguiente año, «justo el día» que puso a la venta la vivienda, la mujer presentó «horas más tarde una denuncia por violencia de género de unos hechos que dice que sucedieron en abril del año anterior». A partir de ese momento, se iniciaron los trámites de divorcio.
En la sentencia de divorcio se reconoció como domicilio familiar el antiguo estudio del ex marido y no la vivienda de la urbanización Los Llanos de Cabanas, por lo que el hombre procedió a su venta por 294.000 euros. Aunque se presentó por parte de la mujer «una denuncia por venta fraudulenta, el Juez me dio la razón», afirmó. A raíz de este hecho, el nuevo propietario presentó una demanda de desahucio, que se intentó ejecutar este lunes.
Niega violencia machista
El afectado también ha negado las acusaciones por violencia machista vertidas este lunes por los colectivos ciudadanos, entre ellos la Asociación Ve-la Luz, que defendieron a la mujer ante la amenaza de desahucio. Así, ha insistido en que las denuncias se produjeron «tres meses después de abandonar el domicilio y cuando se pone la casa a la venta» y que la joven también tuvo «una orden de alejamiento».
En este sentido, ha lamentado la lentitud de la instrucción en el Juzgado de Violencia de Género. «Qué más quisiera yo que saliera la sentencia por las denuncias de violencia de género, a mí me habrían beneficiado mucho», aseguró.