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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este jueves, día 18, que la petrolera mexicana Pemex evalúa el impacto de la resolución de la Comisión Europea que obliga a devolver las ayudas del tax lease entre 2007 y 2011 para sus proyectos de entrar en el accionariado del astillero vigués Barreras y la construcción de los dos floteles, con el fin de adoptar «la decisión definitiva».
Riesgo de los floteles
«Ahora acreditamos que los problemas de los contratos de Pemex eran del tax lease desde el punto de vista de inicio de corte y chapa. Los contratos de Pemex son los que eran y nos ha dicho que empezaba a evaluar la resolución para tomar la decisión definitiva«, ha sentenciado Feijóo, antes de añadir que su Ejecutivo trabaja para «acreditar» que el riesgo patrimonial adicional es «inexistente».
Al término del Consello de la Xunta, el presidente gallego ha señalado que «durante mucho tiempo se echaba la culpa a la Xunta» por los retrasos en los contratos con la petrolera mexicana y ha reivindicado que «queda claro que Pemex estaba pendiente de la resolución» sobre el tax lease.
Una vez que se conoció la determinación de la Comisión Europea y «sin perder un minuto«, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, se reunió con directivos de la firma mexicana, que contestaron que su asesoría jurídica ha empezado a evaluar la resolución para medir «los riesgos que pueda suponer para Pemex la participación en Barreras y los contratos de los dos floteles y de flota menor», ha explicado Feijóo.
«Vamos a trabajar muy conjuntamente con Pemex para acreditar que el riesgo que pueda asumir es un riesgo inexistente«, ha insistido el jefe del Ejecutivo gallego, que ha argumentado su postura apuntando que tanto los astilleros como los armadores quedan excluidos de la devolución de las ayudas. «Entendemos que Pemex puede hacer sus operaciones de participación de capital y construcción de floteles sin riesgo patrimonial adicional», ha zanjado.
El futuro del naval
El mandatario autonómico ha explicado que el Consello de la Xunta ha tratado este jueves el pronunciamiento de la CE sobre el tax lease y ha lamentado «profundamente» que el comisario Almunia «no atendiera la totalidad de los argumentos jurídicos sólidos» esgrimidos por «todas las administraciones públicas, los astilleros y las organizaciones sindicales».
Feijóo ha proclamado que el naval «puede tener futuro» y ha repasado los pasos que prevé dar su Gobierno tras la decisión que explicó en la pasada jornada el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia. Ha aludido al recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, a «minimizar al máximo» los efectos tributarios de la resolución y a adoptar medidas para enfrentar los «problemas de financiación».
«Lenguaje impropio» de Almunia
Igualmente, tras afirmar Almunia en una entrevista con ‘El País’ que espera que, quienes «pintan un panorama dantesco para el naval, se coman sus palabras«, Feijóo ha señalado que éste es «un lenguaje impropio para un vicepresidente de la Comisión Europea» y le ha instado a hacer «algún tipo de rectificación».
Además, ha considerado que los argumentos del comisario de Competencia son «frágiles». «Somos conscientes de la fragilidad jurídica y argumental de la resolución que ayer dio a conocer la CE y esa fragilidad es la que nos tiene que servir para seguir construyendo el futuro», ha sostenido.
En cambio, Feijóo ha valorado la «unidad histórica» lograda entre tres comunidades «de distinto signo», el Gobierno central, los dos sindicatos mayoritarios y la patronal Pymar, así como el respaldo de los partidos políticos a la postura española, que «no es un ‘presing’ político, es una serie de argumentos sólidamente construidos».
El presidente de la Xunta ha argüido como «prueba» de que los argumentos planeados «son de peso y ajustados a derecho» que la posición de Almunia «cambió tres veces» en «los últimos 15 días«, que «no hubo unanimidad» en la reunión de jefes de gabinete del pasado lunes y que este martes el comisario de Industria, Antonio Tajani, «hizo un planteamiento particular del sector industrial de toda Europa».
La postura gallega
Con la vista en el futuro, el Gobierno gallego ha trasladado por escrito al Ejecutivo central su postura y ha insistido en pedir que la resolución sea recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se reclame la suspensión cautelar de la devolución de las ayudas mientras este órgano no resuelva el litigio.
El presidente gallego ha solicitado también que se mantenga el grupo de trabajo formado por el Gobierno estatal, las tres comunidades con astilleros privados (Galicia, Asturias y Euskadi), la patronal Pymar y los sindicatos. Los «frentes» que se abren ahora son, además del recurso en Luxemburgo, «interlocutar con la Agencia Tributaria para la interpretación minimalista de la resolución» y resolver el problema de la falta de financiación.
«Tenemos que trabajar«, ha instado y ha abogado por «poner en valor» el nuevo sistema de tax lease aprobado a finales de 2012, que da «seguridad en el futuro» y está «validado» por la Unión Europea. Por ello, ha insistido en que el naval «puede tener futuro«, aunque ahora se presenta «una nueva dificultad». «Tenemos que no rendirnos en ningín caso», ha instado
