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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentó en la mañana de este miércoles, día 17, que el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, confirmara una decisión «injusta e irresponsable» para el naval y defendió recurrirla por la vía judicial. En este sentido, avanzó que ya solicitó formalmente al Gobierno de España que la decisión adoptada por la Comisión Europea sobre el tax lease sea recurrida, y que ese recurso incluya la petición de suspensión cautelar de sus efectos sobre los inversores de los astilleros.
Charla con el ministro de Industria
En declaraciones a los medios, el mandatario autonómico calificó la resolución adoptada por el colegio de comisarios de «cuestionable jurídicamente», «poco responsable» desde el punto de vista económico ye«insensible socialmente«. «Siendo esto así -añadió- no vamos, en ningún caso, a darnos por vencidos y vamos a seguir trabajando para garantizar el futuro del sector naval«. Por eso, adelantó, «acabo de mantener una charla con el ministro de Industria donde le solicité formalmente que el Reino de España recurra ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión y que, además, solicite en el recurso la suspensión de los efectos económicos de esta resolución» «para la devolución que les solicita a los inversores».
Consideró Feijóo que «si el Tribunal de Luxemburgo acepta la suspensión cautelar, tendríamos, sin ninguna duda, resuelto durante bastante tiempo el panorama desde el punto de vista de no tener que devolver cantidad ninguna hasta que Luxemburgo resuelva«.
Trato discriminatorio en relación a Francia
A este respecto, el mandatario autonómico expresó su convencimiento de que «hay argumentos jurídicos suficientes para ganar ese pleito» sobre la base de los principios «de discriminación positiva, de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de inacción».
Se refirió al tiempo transcurrido desde que, en el año 2006 Holanda presentó la reclamación, y la Unión Europea no abrió el expediente sobre el tax lease y remarcó que la Unión Europea estuvo sin abrir 6 años un expediente a España. En consecuencia, afirmó, “no nos parece, en ningún caso, achacable ni al Gobierno socialista en aquel momento, ni a los astilleros, ni a las comunidades autónomas, la inacción de la UE». Y se preguntó por qué, si Francia no tuvo que devolver las ayudas, tiene España qué devolverlos. A su juicio estos son «argumentos muy potentes».
Hay capacidad
El presidente gallego avanzó, además, que «el Ministerio de Industria, la Xunta de Galicia y las Comunidades Autónomas afectadas» seguirán «concretando una hoja de ruta en los próximos días con la Agencia Tributaria, con el Ministerio de Hacienda, con los inversores y con el sector naval para ver cómo encontramos una solución, la menos mala, para que impacte lo menos posible en el futuro del sector naval».
Manifestó el titular de la Xunta su convencimiento de que «hay capacidad» para interpretar la resolución de manera que sea compatible «con la posibilidad de seguir haciendo barcos y con la posibilidad de encontrar financiación para hacer barcos en los astilleros de Galicia».
Decisión «cuestionable, poco responsable e insensible»
En su comparecencia, el presidente gallego explicó los razonamientos por los que la resolución adoptada en la mañana de este miércoles es «cuestionable jurídicamente», «poco responsable» desde el punto de vista económico e «insensible socialmente».
Respecto a lo primero, Feijóo incidió en que se trata de una decisión cuestionable jurídicamente «toda vez que fuimos constatando que la decisión se fue cambiando a medida que transcurrían los días y las semanas«. «Nos parece que es cuestionable jurídicamente porque es desproporcionada y porque es discriminatoria; es cuestionable jurídicamente porque España es tratada de forma distinta a como fue tratada Francia -a España se le pide que se pague con efectos retroactivos y Francia no tuvo un solo euro de devolución con efectos retroactivos; es cuestionable jurídicamente y se acredita que es así porque inicialmente no tenían que pagar los astilleros, pero sí los armadores y los inversores, y ahora no tienen que pagar los astilleros ni los armadores, pero sí los inversores; y es cuestionable jurídicamente porque, en principio, tenía que pagarse desde el año 2002, después desde el año 2005 y ahora sólo a partir del año 2007.»
Esta resolución «no era sólida en sus argumentos«, explicó Feijóo, destacando que, prueba de esto «es que los argumentos se fueron cambiando paulatinamente en función de la actuación conjunta de las comunidades autónomas, del Gobierno de España, de las organizaciones sindicales y de los astilleros.»
En lo tocante a que es una decisión «poco responsable económicamente«, el mandatario autonómico argumentó que no se facilita, «para nada» la industrialización de España ni la industrialización de Europa en lo que al sector naval se refiere y que «tenemos más problemas de los que tuvieron otros países cuando fueron denunciados como consecuencia de presuntas ayudas de Estado».
En cuanto a que la medida es «insensible socialmente» Feijóo lo justificó en que «afecta a un país que tiene el 26% de paro, y en que afecta a la industria naval privada de España, siendo una industria naval ya muy cautiva como consecuencia de las distintas reindustrializaciones y quiebras que fueron teniendo buena parte de los astilleros de España».
Por último, el mandatario autonómico confesó estar «satisfecho», de la «unidad en la defensa del sector naval que dio España». «Estamos satisfechos por el trabajo hecho por los presidentes de las comunidades autónomas, por los secretarios generales de CCOO y UGT, por supuesto, por el Gobierno de España, y por los astilleros y desde que empezamos esta discrepancia profunda con el comisario Almunia hasta la resolución hay un camino andado de una enorme trascendencia«, afirmó. «Hace tan sólo quince días estábamos ante el cierre seguro de todos los astilleros de España y hoy podemos decir que tenemos daños, pero que esos daños tenemos que controlarlos y tenemos que revertir los daños producidos por esa resolución».
