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El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha firmado una declaración conjunta con los presidentes de Galicia, País Vasco y Asturias en la que solicitan la celebración, antes del 4 de julio, de una reunión con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, para que «reconsidere» la devolución del ‘tax lease’ y, antes de que esta cuestión llegue al Colegio de Comisarios europeo. Asimismo, también solicitan un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
Así lo ha avanzado Soria en rueda de prensa tras la reunión mantenida con los presidentes de estas tres comunidades, en la que ha argumentado que las razones para no devolver las bonificaciones fiscales recibidas por la industria naval española tienen «sólidos fundamentos jurídicos«, a lo que ha añadido que hay una «evidencia comparativa» de que ningún sector en el seno de la UE que se haya beneficiado de un sistema similar ha tenido que reintegrar las ayudas recibidas.
Pero, sobre todo, Soria ha alertado de que la devolución tendría un «efecto irreversible e irreparable» en términos de empleo y de la propia industria, especialmente para las comunidades autónomas de País Vasco, Galicia y Asturias. Estas tres comunidades, junto con el Ministerio y la patronal privada de astilleros Pymar han firmado una declaración en defensa del sector naval español en la que solicitan la reconsideración de la propuesta avanzada por Almunia.
«Contamos con sólidos argumentos jurídicos que avalan esta petición, pero también con la firme convicción de que la Comisión Europa no puede permitirse hundir todo un sector industrial de un Estado miembro, cuyas consecuencias multiplicarían la recesión económica y el grave problema del desempleo«, reza la declaración.
Situación «angustiosa»
Así, el presidente de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), Álvaro Platero, ha destacado la situación «angustiosa» que sufre el sector, que ha vivido «siempre» con acuerdo a la legalidad. Platero ha señalado que no se solicita «más que igualdad de trato» ante algo que es una «guerra comercial».
En este sentido, ha indicado que los astilleros españoles trabajan con «alta calidad» y que exportan cerca del 90 por ciento de lo que construyen, lo que, a su juicio, es su «pecado» y no otro. Por ello, ha destacado que les ha sorprendido la declaración de Almunia y que le han hecho saber «en público y en privado» que continuar con su pretensión supondrá el fin para muchos armadores.
Por su parte, el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha querido subrayar la sorpresa que ha sentido el Gobierno vasco tras el anuncio de Almunia, en la medida en que ha habido «conversaciones«. «Ni mucho menos esperábamos este planteamiento», que no se puede aceptar «bajo ningún concepto«, ha indicado.
En esta línea, Urkullu ha recordado el esfuerzo de «reconstrucción» para la «necesaria actualización» que ha tenido que hacer el sector naval y ha dicho que «no se puede plantear un discurso» de defensa del empleo juvenil –en alusión al acuerdo del Consejo Europeo de la pasada semana — y al mismo tiempo proponer un plan como el del comisario Almunia, «por muchos recovecos o circunloquios que se quieran dar».
Problema económico, no político
Durante su intervención, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no se trata de un problema político«, sino «económico» que afecta a uno de los países «con más paro» de la Unión Europea. «No lo podemos aceptar (…) La UE tiene que escucharnos«, ha proclamado, al tiempo que ha suscrito las palabras de Soria, diciendo que hay «argumentos jurídicos sólidos» y que se trata de una posición basada en «principios legales».
Además, el presidente de la Xunta ha hecho hincapié en que no se trata de un «privilegio» porque «el dinero que se está pidiendo no es de Europa ni de fondos europeos» y porque «si no España tendría una industria muy floreciente y no es así». Feijóo ha insistido en que los astilleros españoles «han cumplido las leyes» y en que «ya es suficiente castigo» la indefensión a la que, a su juicio, han sido sometidos desde que se inició el expediente.
En último lugar, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha advertido de que la medida supone el «colapso de la mayor parte» de los astilleros privados y ha sostenido que hay «argumentos económicos, sociales y jurídicos» para rebatir esa posición del comisario de Competencia.
Fernández ha señalado que los dirigentes españoles van a «intentar» un cambio de postura por parte de la UE, en primera instancia, con Almunia, y luego con el Colegio de Comisarios e, incluso, el presidente de la Comisión, porque se trata de una «posición conjunta» y «unánime».
ALMUNIA, ERRE QUE ERRE
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho este lunes, día 1, que no puede «perdonar» a España la recuperación de las ayudas públicas concedidas en el marco del ‘tax lease’ porque estaría violando la legislación de la UE, pero ha insistido en que no son los astilleros, sino los inversores y los armadores los que deberán devolver las subvenciones.
Almunia ha explicado, además, que los contratos con inversores o armadores que trasladan la responsabilidad a los astilleros «no existen jurídicamente», puesto que vulneran las normas de la UE.
«Jurídicamente, no se puede perdonar» la devolución de las ayudas, ha dicho el responsable de Competencia, que ha negado cualquier diferencia de trato entre Francia y España. «Desde la aprobación del sistema español en 2002 hasta mitad del 2005 no pedimos la devolución de ayuda porque tampoco se le pidió a Francia por ese periodo», ha explicado Almunia. «Estamos dando exactamente el trato que recibió Francia«, ha resaltado.
Sectores que tendrán que devolver el dinero
El comisario de Competencia ha resaltado que en su propuesta de decisión, que se aprobará el 17 de julio, se precisa «taxativamente que quienes tienen la obligación de devolver las ayudas son los grupos de interés económico y los inversores que participaron en estos grupos de interés económico, que no son astilleros, y quienes compraron los buques a los astilleros».
«A mí me sorprende a veces escuchar a algunos representantes del sector que dicen: No, no, pero nosotros somos responsables. Y yo insisto: No son ustedes responsables de devolver. Ni un solo astillero tiene que devolver un solo euro«, ha sostenido Almunia.
Al ser preguntado por las cláusulas contractuales que obligarían a los astilleros a asumir el reembolso, el vicepresidente de la Comisión ha zanjado que «cuando los contratos van en contra de las obligaciones jurídicas que derivan del marco europeo, esos contratos no existen jurídicamente».
Respetar el marco legal
Respecto a la petición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de realizar un último esfuerzo sobre el problema de los astilleros, Almunia ha apuntado que «no es una cuestión de esfuerzo«, sino que «la obligación de la Comisión, para eso está la Comisión: respetar y hacer respetar el marco legal que rige el control de las ayudas de Estado».
Almunia ha salido además al paso de los que le critican, incluso en su partido, por poner en peligro la supervivencia del sector en España. «Nosotros existimos y estamos aquí para hacer valer el interés general europeo, no dependemos de ningún país, no podemos recibir instrucciones de ningún país«, ha alegado.
«Haríamos un mal servicio a la UE si pensamos más en los intereses de un país, sea el nuestro o sea otro, que en los intereses del conjunto y, desde luego, no seríamos comisarios ni un día más si no respetamos nuestras propias normas jurídicas«, ha insistido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.
