Antonio Miguel Carmona-(director diario progresista)
Lo máximo que se atrevieron a decir fueron diecisiete palabras. Así se resume el comunicado que emitió el Partido Popular el día en el que Bárcenas ingresó en prisión. El resultado de una estrategia encaminada a ocultar una situación insostenible.
Así de escuetos: “El Partido Popular manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos”. Nada más. Y nada menos. Un estruendoso silencio que demuestra que la corrupción tiene aliados en el secreto.
Lo primero que hizo el Partido Popular, en el caso Gürtel y en el caso Bárcenas, es negar la existencia de delito alguno y mostrar, junto con su perplejidad, la convicción de que ningún miembro de la organización conservadora había cometido delito alguno.
Lo segundo fue defender a Bárcenas, en declaraciones públicas y en peticiones al juzgado con el fin de evitar a su senador, a su tesorero, a su gerente, una pena mediática en relación a una opinión pública que veía derrumbarse a todo lo que rodeaba al sujeto en cuestión.
Más tarde señalaban a Rubalcaba como centro de una conspiración contra el Partido Popular. Fuerzas policiales, judiciales, fiscales y mediáticas, se habían compinchado, en coordinación con el secretario general del PSOE, para calumniar, espiar y destruir al partido conservador y, por lo tanto, a España.
Luego comenzaron a mentir (más) y a cometer sucesivas torpezas en relación a los hechos. Explicaciones peregrinas, indemnizaciones diferidas, despachos mantenidos, sueldos transferidos.
Patéticas ruedas de prensa que han sido cómplices de un grupo de corruptos cuyas identidades están en una buena parte sin desvelar.
Y ahora, tras tanto desatino, tan solo diecisiete palabras. Diecisiete.