Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
A cuarenta y ocho horas de que los presidente de Galicia, País Vasco y Asturias mantengan una reunión con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para intentar articular un frente común ante la amenaza que para el sector naval supondría la devolución de las ayudas del ‘tax lease’, el Clúster gallego del naval (Aclunaga) y la Asociación de Industrias Metalúrgicas de Galicia (Asime) esperan que el «peso» de la unión de Estado y comunidades evite la «barbaridad» y «aberración» de una resolución que pone en peligro «17.000 puestos de trabajo» directos.
El presidente de Aclunaga, Fernando Alcalde, ha esperado que de la reunión de este lunes salga «como parece» una postura «unificada para poder convencer al señor Alumnia y a los comisarios de la barbaridad de que se haga realidad el borrador que existe», y que supondría devolver las ayudas derivadas del sistema de bonificación fiscal, conocido como ‘tax lease’.
«Existe una esperanza, sabemos que va a salir una postura unánime para presionar en Bruselas, desde luego que se pongan de acuerdo el Gobierno y los presidentes autonómicos es un peso bastante fuerte«, ha abundado Fernando Alcalde, quien ha celebrado que el secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez haya pedido la dimisión del comisario Joaquín Almunia. «Me parece que ya iba siendo hora«, ha manifestado para, a renglón seguido, manifestar su deseo de que haya una «reacción similar» del PSOE de Madrid.
Sobre la dimisión de Alumnia, el portavoz de Asime, Enrique Mallón, ha indicado que esta asociación también ha pedido su dimisión, pero ha advertido de que el comisario, aunque sea español, «se debe a toda Europa». Por eso, ha afirmado que hay que «focalizar los esfuerzos» en los argumentos jurídicos y en «demostrar que la devolución es ilegal, irracional y absolutamente contraria a la competencia real».
En cuanto a la propuesta de acampada, ha mostrado su «respeto» por cualquier propuesta «a favor de una solución justa», y ha destacado la relevancia de la «presión social y política cuando se está ultrajado o pisoteado», como es «este caso». «Pero la solución va a estar en los despachos«, ha advertido.
«Cabezonería»
«No hace falta conocer el sector para saber que es el destino de 17.000 puestos de trabajo y esa barbaridad no la debe admitir ningún partido político, sobre todo, por un tema de cabezonería«, ha incidido el presidente del clúster del naval, quien agradece la propuesta del BNG de promover acampadas en Bruselas para hacer presión, aunque «no la ve muy factible» por la falta de tiempo para desplazarse. «No sé si es factible, pero agradecemos cualquier propuesta de apoyo al sector», ha manifestado.
Por su parte, el portavoz de Asime, Enrique Mallón ha esperado que se analicen «in extremis» los argumentos técnicos y jurídicos aportados para que no haya que devolver las cuantías requeridas, puesto que, ha defendido, se han construido los barcos conforme a la legislación europea y española. Además, ha subrayado que sólo se busca una «solución similar a la que se dio en su día a Francia».
Considera «clave» que haya una implicación de las comunidades autónomas, además del Gobierno central, para conseguir convencer al colegio de comisarios, que el próximo 17 de julio tomarán la decisión definitiva, para que ésta sea «equitativa y justa, y no provoque un daño y un ataque a la industria de un país que merece el mismo respeto» que cualquier otro estado miembro.
«Guerra comercial»
Y es que Enrique Mallón ha advertido de que «la realidad es que hay una presión desde hace más de dos años de lobbies europeos –noruegos, holandeses y alemanes– que se dedicaron en cuerpo y alma a intentar eliminar de la competencia a los astilleros españoles, que avanzaron muchísimo en embarcaciones de alto contenido tecnológico». «Ahora quieren echar el resto«, ha observado.
Así, ha analizado que están «aprovechando instrumentos democráticos» como la Comisión Europea, que han visto como un «filón» en sus «intenciones de guerra comercial» para conseguir legitimar por una vía «democrática» una solución que, a ojos de Mallón, «no sería legal ni justa». «Sería una aberración jurídica«, ha manifestado, con «consecuencias aberrantes».
Además, ha manifestado que de todas las soluciones posibles, la que ha manifestado en días pasados Joaquín Almunia es la «peor y más descabellada«, y supondría «eliminar el sector naval y el conocimiento acumulado» de las últimas décadas, no sólo en este sector, sino en todo.
