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Defensores de derechos humanos demandaron este martes, día 18, en el Tribunal de Gran Instancia de París y en la Audiencia Nacional española a Francia y España por presunta omisión de socorro de sus buques militares en 2011 a 63 inmigrantes que huyeron en 2011 de la guerra en Libia y fallecieron en el intento.
Las denuncias son independientes, según explicaron en la capital francesa los representantes de cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Una barcaza con 72 personas a bordo -etíopes, eritreos, nigerianos, ghaneses y sudaneses- que huían del conflicto en el país magrebí partió de Libia el 27 de marzo de 2011 y sus ocupantes se quedaron en el mar sin carburante ni víveres.
A través de un teléfono móvil, los náufragos lograron contactar con los guardacostas italianos, quienes lanzaron una señal de alerta cada cuatro horas durante diez días a las embarcaciones que faenaban en esa zona, pero nadie les socorrió y finalmente murieron 63 personas, de ellas 20 mujeres y 3 niños.
Los supervivientes han explicado que hubo al menos un helicóptero militar -aún no identificado- que les facilitó agua y víveres y que incluso llegaron a mostrar el cadáver de un niño a una nave de guerra, que tampoco les asistió.
«Según la información que nosotros manejamos, el barco que estaba más cercano al lugar del siniestro era la fragata Méndez-Núñez, de la Armada Española, que se encontraba a 11 millas náuticas y que contaba además con helicóptero y helipuerto; por lo tanto, estaba en condiciones perfectas de prestar apoyo y, en lugar de eso, se alejó«, dijo a Efe el abogado Gonzalo Boye.
Según el letrado, del despacho Boye-Elbal y Asociados, es «inadmisible que esos barcos, en lugar de cumplir con su obligación, se hayan alejado o hayan ignorado las señales de alarma, que está claro y demostrado que recibieron».
La querella criminal, presentada hoy a las 09.00 GMT en la Audiencia Nacional en Madrid, se dirige «contra el comandante y las personas que estaban a cargo del Méndez-Núñez», que aún no han sido identificados.
«Si dicen que recibieron órdenes, habrá que seguir ascendiendo en la cadena de mando», añadió Boye, que explicó las denuncias en París.
El abogado subrayó que no se puede seguir participando en misiones internacionales y continuar ignorando las convenciones que rigen la participación militar en los conflictos bélicos.
«Los barcos militares, que se supone que fueron en una misión de paz, tienen la obligación, de acuerdo a la Convención de Ginebra, de asistir a las personas que se encontraban en una situación de naufragio«, agregó Boye.
El letrado cree que la denuncia se admitirá a trámite porque hay «testigos directos de que se les pasaron los mensajes» de socorro y porque «los supervivientes han logrado identificar las siluetas de los barcos y, por el posicionamientos de los mismos, durante la investigación judicial sabremos cuáles eran».
De acuerdo con Boye, todos los barcos, aviones y helicópteros de los diferentes países que estaban involucrados tienen una responsabilidad de igual intensidad.
Por ello, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga Francesa de Derechos Humanos (LDH), entre otras asociaciones, se han constituido como parte civil ante el Tribunal de Gran Instancia de París.
Además, esas organizaciones tienen previsto emprender acciones judiciales en Italia y Bélgica y también han solicitado la apertura de investigaciones en Reino Unido y Canadá.
Arthur Manet, portavoz FIDH, comentó a Efe que los ejércitos internacionales que operaban bajo mandato de la OTAN durante la guerra que terminó con el régimen de Muamar el Gadafi ignoraron que su misión establecía que «debía protegerse a la población civil».
Las víctimas que sobrevivieron a la tragedia pusieron una primera denuncia en Francia, desestimada en diciembre de 2012 porque el Ministerio de Defensa arguyó, primero, que sus barcos actuaban bajo mando de la OTAN y es esa organización la que sería responsable y, segundo, que los navíos militares nunca descendieron del paralelo 35, donde se encontraba la embarcación de los inmigrantes..
El caso la fragata y respuesta del gobierno español
El 29 de marzo de 2012, el Consejo de Europa aprobó por amplia mayoría un informe en el que se responsabilizaba, entre otros, a la fragata española de faltar a sus obligaciones de búsqueda y rescate cuando un grupo de 72 refugiados se encontraba en una embarcación neumática a la deriva, sin agua ni comida, a 11 millas de distancia de la fragata. Según el informe, la fragata no respondió a las llamadas de socorro que se repitieron cada varias horas durante días. Además del buque español, según el informe se encontraba en la zona el patrullero de altura italiano Comandante Borsini (P-491) a 37 millas junto con el amplio despliegue multinacional de barcos, aeronaves y submarinos que se encontraba en la zona interviniendo en las operaciones militares.
El informe pone de relieve además que por las características y capacidades de la fragata, se encontraba en una disposición especialmente ventajosa para socorrer a los 72 náufragos, dada su capacidad de radar, la disposición de un helicóptero embarcado y el hecho de que navegando a toda máquina hubiera tardado unos 20 minutos en llegar a la embarcación de las víctimas.
De los 50 hombres, 20 mujeres y dos niños, en total 72 personas, 62 murieron, tras 15 días de navegar a la deriva por las concurridas e intensamente vigiladas aguas del mediterráneo.
El gobierno español, negó tener conocimiento de la existencia de los náufragos, fuentes del ministerio de defensa declararon que si se hubiese solicitado su ayuda, la fragata habría intervenido. De igual modo se indicó que no se tuvo conocimiento, y que no se les informó ni desde el centro de coordinación de rescate marítimo de Roma ni desde el mando de la OTAN en Nápoles, que nunca estuvieron a [solo] 11 millas, que el helicóptero de la fragata no estaba en vuelo, y que en esos días, 26 y 27 de marzo de 2011, la fragata tomó parte en otras dos operaciones de rescate de dos embarcaciones similares; del mismo modo, se cuestionó la exactitud de la ubicación del bote de inmigrantes. La investigación interna del ministerio de defensa, desveló que la alerta a la fragata, se produjo demasiado tarde, 18 horas después de que el centro de coordinación de rescate marítimo de Roma fuera avisado. Del mismo modo, en el mismo informe, se revelaba que la distancia de 11 millas, hace referencia al área de patrulla, por lo que la distancia entre ambas embarcaciones, era de entre 11 y 40 millas, y que al tratarse de una pequeña embarcación de goma, no era detectable por su radar. Una vez recibida la petición, se envió el 28 de abril su helicóptero Seahawk SH-60 a la zona, sin que pudiera encontrar nada.
Por su parte, el portavoz de la OTAN Oana Lungescu, declaró que a pesar de haber pedido información sobre cualquier avistamiento a todos los buques aliados, no existe ningún registro de que ningún avión o buque de la alianza viera o contactara con esta embarcación.
