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Pablo Alcalá-(Delegado ABC-Galicia)
Organismos gestionados por el PP cuestionan abiertamente la «pasividad» de la SEPI ante la «emergencia» del naval.
La política no es siempre cosa de partidismo incondicional, prueba de ello son las voces que, desde administraciones gobernadas por el PP, se levantan críticas hacia la gestión que Navantia, dependiente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), está haciendo de la agónica situación del naval público gallego.
En primer lugar, de la gestión comercial. El único contrato que alumbra el futuro de las gradas de Navantia Ferrol, el flotel que PMI construirá en sus astilleros, contó con más impulso político, de parte de dos agentes en principio ajenos a esta responsabilidad -la Xunta y el Gobierno de Mariano Rajoy- que de la propia dirección nacional de la empresa.
Tras la exclusión en febrero del concurso para la fabricación de un buque logístico para la Armada de Noruega, recientemente se perdió la oportunidad de optar, por defectos de forma, a la fabricación de una plataforma para la eólica marina, que aunque en su mayor parte recaería en Puerto Real (Cádiz), prometía dejar parte del trabajo a los astilleros ferrolanos. El contrato fue finalmente adjudicado a Alstom.
La «doble decepción» que hace unas semanas señalaba el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, porque «los dirigentes de Navantia en Madrid son nombrados por el gobierno de mi partido», empieza a calar entre una parte importante del Gobierno regional, que ve cómo la dirección del astillero público no logra reconducir el rumbo incierto del futuro en Ferrol.
Además de estos errores en la división de Navantia que aspira a conseguir nuevos contratos para las instalaciones españolas, el culebrón del dique flotante sigue deparando sorpresas. Al margen de su viabilidad o conveniencia, la dirección de Navantia visitaba Ferrol hace unas semanas para asegurar que era la legislación europea la que impedía financiar el dique. Pocas semanas más tarde se ofrecían a hacer «una solicitud formal» ante «la insistencia de la sociedad gallega», y reconocían que hasta la fecha, el asunto se había tratado en reuniones «informales», decían el presidente de Navantia, José Manuel Revuelta y su consejero delegado, Jaime de Rábago.
El patinazo no ha pasado desapercibido a un viejo conocido del naval gallego, el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, que en respuesta a un balón servido en bandeja por el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, aseguraba ayer que «las autoridades autonómicas españolas y la SEPI discutieron informalmente este proyecto con los servicios de la Comisión de responsables de las ayudas estatales. El proyecto no se notificó formalmente a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE».
«Torpeza y desidia»
La «torpeza política» de los responsables de la SEPI no es lo más «sangrante» para quienes cuestionan su gestión. Más allá de que sus declaraciones más o menos afortunadas sirvan a la oposición para cuestionar a la Xunta, «lo grave es que se desprende desidia hacia la emergencia del naval ferrolano», dicen a ABC miembros del mismo partido que nombró a los responsables de la empresa pública, «y eso sí que es intolerable», califican.
Mientras, desde el Gobierno regional, y más concretamente desde su máximo responsable, Alberto Núñez Feijóo, ha habido un significativo cambio de postura. Si en noviembre decía que «o barco o dique», la última reunión mantenida en la Moncloa con Rajoy sirvió para cambiar la conjunción: «Carga de trabajo y dique», dijo.
Al margen de las palabras, el ejecutivo de Núñez Feijóo ha pasado a los hechos, destinando una partida de 5 millones de euros en los presupuestos de 2013 para una potencial vía libre a la construcción de la infraestructura. Por eso llama la atención la parsimonia con que la propia dirección de Navantia gestiona el más que probable «no» de Bruselas, limitándose a hacer consultas «de forma informal» en vez de tramitar con diligencia una petición de estudio a la UE.
La actitud de Navantia sigue alimentando la desconfianza de los propios afectados, que intensifican su protesta a diario. Aunque ahora apuntan a esta pasividad de la empresa gestionada por De Rábago y Revuelta.
Las cifras de 2012 no fueron nada alentadoras. Navantia perdió más de 70 millones de euros y el inicio de 2013 no augura un año mejor para el conjunto de astilleros estatales. Otra de las líneas de trabajo de la dirección de Navantia pasa por conseguir que la UE levante el veto impuesto a los astilleros ferrolanos para la construcción civil. Después de los años dorados de renovación de la flota de la Armada, los presupuestos restrictivos de Defensa hacen que la carga de trabajo solo pueda venir desde ejércitos foráneos, lo que depende en mayor medida de acciones diplomáticas que de las delegaciones comerciales que la empresa acierte a desplegar en el mundo.
La realidad es que no hay dique ni gestiones firmes para levantarlo, ni carga de trabajo más allá de Pemex. La Xunta trabaja en el contrato para renovar la flota menor de la compañía, otra vez adelantándose a la SEPI.
