El derecho a romper

Gabriel Elorriaga Fernández-(diario critico)

Vino Artur Mas a Madrid a flamear su bandera del «derecho a decidir» a la vez que cumplía su protocolo de visita de representante del Estado en Cataluña al símbolo de soberanía previsto por el «derecho a decidir» de todos los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña. Pero ni en la plaza de toros sin techo de Madrid ni en la plaza sin toros de Barcelona hay espacio disponible para practicar ese estilo ambiguo de toreo. Con el gran chasco electoral a sus espaldas y con una cuadrilla de Esquerra Republicana como auxiliar imprescindible, no podía soñar con una lucida vuelta al ruedo. Porque el derecho a decidir ya estaba decidido por la soberanía de todos los españoles, incluidos los catalanes, con la Constitución vigente, como también estaba decidido que, en ejercicio de esa democracia constitucional y no por ninguna otra fórmula legitimadora, Artur Mas sea, mientras su cuerpo aguante, presidente del gobierno autonómico de una Comunidad del Reino de España.
Lo que Artur Mas llama «derecho a decidir» no es tal cosa, sino derecho a romper. Romper la integridad de una nación no es derecho reconocido en ninguna Constitución europea, por federativo que sea su sistema territorial. Tampoco en Norteamérica, donde el presidente Obama contestó oficialmente a unos miles de ciudadanos que tuvieron la ocurrencia de pedir la separación de Texas: «No existe derecho a separarse ni por parte de Texas ni por ningún otro Estado». Como si fuesen tejanos con barretina, alrededor de treinta mil personas de pocas luces se dirigieron, a su manera, a la Casa Blanca, se supone que utilizando el español, lengua cooficial tanto en Texas como en Cataluña, en favor de su independencia. Les contestaron, como no podía ser de otra manera, que esto era competencia de «las leyes y la Constitución de España». En cuanto a la Organización Internacional de Naciones Unidas, la doctrina está asentada por la Resolución 1.514 (XV) de la ONU que dice: «usar la autodeterminación para romper la integridad territorial de un país es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas«.
No sabemos qué Derecho Internacional habrá estudiado el peón de confianza de Artur Mas, llamado Oriol Junqueras, para decir como dijo que «nuestra voluntad no deriva de lo que digan los gobiernos y tribunales españoles, deriva de la voluntad de los ciudadanos de Cataluña y del Derecho Internacional«. La voluntad de los ciudadanos de Cataluña forma parte constitutiva de una comunidad política superior sobre la que deben decidir todos sus ciudadanos juntos, residan en Cataluña, en Castilla, en Andalucía o en la emigración. Cataluña no solo es española por razones jurídicas o sentimentales sino que es un componente histórico creador como parte fundamental y original de España y de la presencia hispánica en el universo, desde los Reyes Católicos recibiendo a Colón de vuelta del Descubrimiento hasta la selección española de balonmano ganando el campeonato del mundo en el Palau Sant Jordi. La España real y soberana de todos los tiempos pesa, en todo lugar, mucho más que la retórica soberanista de ese «pequeño rey» codornicesco que se cree  las manifestaciones que el mismo provoca y financia desde los oscuros recovecos de una corrupta economía política sumergida y una economía oficial deficitaria. Es por ello por lo que una Constitución Española ratificada por todos sus ciudadanos, incluidos los habitantes de Cataluña; un sistema comunitario europeo que exige la unanimidad de todos sus miembros para decidir; unas potencias que no admiten el derecho a la separación y una ONU que considera incompatible con su Carta «romper la integridad territorial de un país», son como portazos en las narices de Artur Mas. Nadie puede considerar que romper es un derecho, sea romper una nación o romper un cristal. A veces, en la historia de la humanidad, se producen rupturas, pero nunca conseguidas con el toreo de salón que practica Artur Mas, sin toros en la plaza y agitando el trapo del «derecho a decidir» desde el burladero de su cargo institucional de un Estado soberano al que juega a traicionar con unos modales que hacen difícil saber ante quien está haciendo el «paripé», si ante las autoridades del Estado o ante sus imprescindibles socios de Cataluña.