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(J. M. Triper / I. Flores).-El Tribunal Supremo considera que la política de subvenciones a los agentes sociales que la Junta de Andalucía ha desarrollado, como mínimo desde 2005, no estaba tanto orientada a formar a los parados de la región como a «inducir a la afiliación» en beneficio de dos sindicatos muy determinados (UGT y CCOO) en perjuicio de otras centrales más minoritarias.
De este modo, da la razón a una de estas últimas, la Central Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) que denunció esa práctica como «establecimiento de privilegios».
En otras palabras, la institución considera que lo que se ha producido es toda una «vulneración del derecho a la libertad sindical» en la región, en dos recientes sentencias a las que ha tenido acceso elEconomista, y que pueden sentar jurisprudencia en el futuro sobre casos semejantes en otras partes de España. No cabe recurso contra estas decisiones.
En el caso de Andalucía CSI-CSIF se sintió discriminado en sendos repartos de fondos para formación de trabajadores que tuvieron lugar en 2005 y en 2008. Hubo trato de favor y quedan así desechados los recursos que contra este parecer interpusieron la Junta andaluza, UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía.
¿Qué es lo que hace que tan variopintos actores caigan en el mismo saco? La clave se encuentra en el hecho de que todos ellos han sido los únicos firmantes del que ha descollado como el gran orgullo de todos los Gobiernos andaluces desde 1993 (el denominado pacto de concertación) y han obtenido privilegios por esa fidelidad.
Este instrumento, una suerte de diálogo social a escala regional, ha sido el secreto de la, para muchos observadores, sorprendente ausencia de conflictos que ha dominado en una comunidad autónoma que, incluso en los tiempos de franca bonanza económica, ha arrojado las más altas tasas de desempleo (general y juvenil) de todo el país.
Ahora ‘Pacto por Andalucía’
Pese a lo escaso de sus efectos reales, los protagonistas del pacto de concertación, siempre los mismos en sus sucesivas ediciones (de momento ya son siete las que se acumulan), se afanan en rodearlo de un halo de prestigio. De hecho, el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, maneja planes para reeditarlo este mismo mes o el siguiente bajo la más sonora denominación de Pacto por Andalucía. Con todo, las sentencias del Supremo vienen a empeorar la imagen de los acuerdos entre el Gobierno regional y los agentes sociales de la comunidad, precisamente en el año que cumplen su décimo aniversario.
No en vano la institución considera que, si UGT y CCOO, han recibido un trato de favor en la concesión de subvenciones (y, en consecuencia, ventajas a la hora de ejercer «presión indirecta para la afiliación»), es precisamente porque siempre se han plegado a poner su rúbrica junto a la propia de los representantes de la Junta.
Para el Tribunal, «la conclusión es clara: sólo se subvenciona a los firmantes de la concertación». Y de poco han servido los argumentos de estos últimos, de acuerdo con los cuales es normal que UGT y CCOO reciban el grueso de los fondos públicos, en la medida en que son los mayores, o dicho más diplomáticamente, «los más representativos».
El Supremo considera, y en esto se acoge a la jurisprudencia del Constitucional, que, si resulta innegable que cuentan con la mayor parte de la representación es precisamente debido a que disfrutan de la parte del león en lo que a las ayudas concierne, en especial, a un tipo de ellas que son especialmente efectivas a la hora de ganar influencia entre los trabajadores y engrosar la nómina de afiliaciones.
El Alto Tribunal se refiere así, precisamente, a las subvenciones que se destinan a las acciones formativas, dado que aumentar la cualificación de los trabajadores es «la función bien específica de los sindicatos».
El vivero sindical
No sólo eso: presentarse como un formador supone para una central acercarse a lo que constituye «el vivero natural de las afiliaciones nuevas en la medida en que el trabajador percibe las bondades de la entidad sindical que, eventualmente, imparte esas acciones formativas».
En el caso particular de Andalucía, se da también el agravante de que las mencionadas «bondades» parecen haber repercutido exclusivamente en los sindicatos privilegiados. Así se explica el atraso que nunca ha superado esta comunidad y que se refleja en indicadores como el reparto per cápita del PIB (en 2011 ascendió a 17.337 euros, el equivalente al 75,2 por ciento donde el 100 por ciento lo marca la media del conjunto de España)
Prueba de ello es el debate que en la región se está viviendo sobre la manera en que Griñán debe revitalizar el pacto de concertación en las próximas semanas.
